Por un Modelo de Educación Nacional, Científico y de Masas
OCE. Tolima. Mayo 26 de 2010

El pasado jueves 20 de mayo, desde las 9:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. con transmisión en directo, se llevó a cabo en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional la audiencia pública “Sobre la financiación de la universidad, análisis de los impactos de la reforma a la Ley 30 de 1992”. La audiencia fue citada por los senadores Gloria Inés Ramírez y Jorge Enrique Robledo. El evento contó con la instalación de Víctor Manuel Moncayo, ex rector de la Universidad Nacional, Pedro Hernández, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Mario Hernández, profesor representante al consejo superior de la Universidad Nacional, Gonzalo Arango, presidente de la Federación de Profesores Universitarios, Fernando Calao presidente de la Asociación de Usuarios del Icetex, un representante del Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el representante de los estudiantes al consejo académico de la Universidad Nacional y representantes de ACEU, FUN comisiones e Identidad estudiantil que analizaron los impactos de la reforma a la Ley 30 de 1992 que el gobierno tramita en el Congreso de la República.

El proyecto de ley 238 “Por la cual se modifica el esquema de financiación de la educación superior, definido en la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones” ratifica el carácter acientífico de la educación pública que ha correspondido históricamente a la naturaleza burguesa de la educación del capitalismo, que considera la educación no como categoría social eterna del hombre sino como algo inventado que coincide con la moda comercial y no con la formación del carácter del educando que se esta preparando en y para la vida futura. Es decir se establece la educación como una mercancía y no como derecho social inalienable del pueblo.

El ICETEX como instituto que promovía el crédito para estudios en el exterior se vulgariza al convertirse en un banco de préstamo para que los estudiantes de la capa media de la sociedad financien sus estudios de pregrado. ¡Con la falacia del préstamo se pugna por la privatización de la educación!En Colombia se paga 11 veces lo prestado, imaginemos la cuantía que debe pagar un estudiante de estrato medio para costear su pregrado. Porque debemos ser incisivos en que quienes hoy acceden inclusive a la universidad pública, no son las capas más bajas de la sociedad sino una capa que en el caso concreto, tiene un fiador con finca raíz y más de un salario mínimo de sueldo. Es importante entender que NO ES UN FAVOR que el Estado “abra” las puertas de sus sistemas bancarios para que un estudiante pague su educación. Es un deber del estado garantizar la gratuidad de la misma desde la pre-escolaridad hasta la Universidad.

El ICFES como instituto que promueve la evaluación de la educación es la herramienta para expulsar del sistema a los miles de graduados bachilleres con exámenes que no concuerdan con lo que lo se “puede” enseñar en las escuelas públicas del país.La reforma al Artículo 86 “Las entidades territoriales que tengan deudas por concepto de aportes a las universidades estatales, deberán proceder a su presupuestación y pago” es un sofisma de distracción. Ejemplificando, con qué recursos la Gobernación del Tolima cancelará la deuda de 64 mil millones de pesos con la Universidad del Tolima si el gobierno nacional ha avanzado en el recorte de las transferencias en presupuesto a los departamentos en materia de salud y educación.

La universidad crece más que el índice de inflación del país, el presupuesto de universidades nacionales y departamentales debe atenderse en inversión académica e investigativa, bienestar y proyección laboral del estudiantado. El artículo 87 condena a las universidades a la autofinanciación; venta de servicios y aumento de matrículas para sufragar la inversión que no suple el gobierno nacional. El gobierno nacional impone el carácter elitista de la educación, definida como instrumento de poder al que pueden acceder quienes ostentan posibilidades económicas, porque el proyecto de privatización del patrimonio público, estandarte de los gobiernos neoliberales, condena a los oprimidos a recibir una educación anacrónica que no atiende al modelo de hombre que necesita la nación ni al estado económico, político y cultural del país.

El esbozo anterior atiende a las conclusiones de la audiencia pública celebrada, además es un instrumento que ilustra el panorama envilecido de nuestra respetable Universidad Pública, el llamado es idéntico al de las personalidades que participaron en el evento, la MOVILIZACIÓN como elemento justo de protesta en contra de las políticas que atentan a un pueblo que necesita una educación con profunda democracia, alta calidad y al servicio del pueblo colombiano.

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