Organizacion Colombiana de Estudiantes, OCE-CALDAS, 09/mayo/2011
Con sorpresa y de ingrata manera, los estudiantes, profesores y demás miembros de la Universidad de Caldas, recibimos la noticia de la firma de un contrato de prestación de servicios entre esta institución y la compañía transnacional Anglogold Ashanti, minera sudafricana que tiene planeado realizar un proyecto de explotación a cielo abierto de oro en Cajamarca, Tolima y su área de influencia. El contrato se suscribió para realizar labores de monitoreo ambiental durante la fase de exploración.
De entrada, el asombro y el descontento se generan por la forma como fue aprobado dicho convenio. En lo que pareciera ser la impronta de la actual administración, el contrato se firmó a espaldas de la comunidad universitaria el día de regreso a clases después de un periodo de vacaciones. Cabe recordar que de manera similar se dio la aprobación del nefasto acuerdo 001 de 2011 que pretende elevar las matriculas en un 333%, que afortunadamente hoy se encuentra suspendido gracias a la lucha que el estamento estudiantil emprendió desde el año pasado. Sin darse una discusión previa sobre el asunto, ni advertirse el sinnúmero de implicaciones negativas que este proyecto puede tener sobre la comunidad tolimense y colombiana, el consejo superior vía telefónica, y con los votos negativos del representante profesoral y estudiantil, tomó esta determinación.La administración no tuvo en cuenta que dicho proyecto pretende arrasar con una porción importante de la parte alta de la cordillera central, ni que se afectará irremediablemente la cuenca hidrográfica del Rio Coello, afectando a 6 municipios y a 169 veredas vinculadas al distrito de riego de Usocoello, el más grande del país y que provee de agua a unas 200 empresas agrícolas de la zona. Tampoco se estimó que con esta explotación serán más de 700 mil habitantes los que se verán afectados y que se destruirá la despensa agrícola de Colombia, la zona donde se da la mayor producción de arroz del país, cambiando su vocación de manera abrupta.
Cabe anotar también que la administración de la Universidad de Caldas no tuvo el menor reparo en firmar un convenio con una empresa, en cuyo historial reposan nexos confesos con paramilitares en regiones tan asoladas por la violencia y la miseria como el Congo, tal y como se demuestra en el informe de Human Rights Watch llamado “The curse of gold”, donde se acusa a la compañía de apoyo financiero al Frente Nacionalista e Integracionista del Congo, grupo ilegal que controla las minas de oro del noreste del país.
Ante la afortunada y coherente negativa del consejo superior de la Universidad del Tolima (donde se había presentado la propuesta con anterioridad) para realizar este monitoreo, que en últimas y debido a sus condiciones pretende legitimar la devastación que se realizará en la zona, la compañía minera realizó una búsqueda en otras instituciones que finalizó con la suscripción del convenio con la Universidad de Caldas. Una decisión aberrante e indigna proviniendo de una institución académica que debería propugnar por la independencia investigativa, la rigurosidad científica y el compromiso con la sociedad, pero que desafortunadamente a través de esta administración da prelación al poder del dinero por encima de todas estas consideraciones.
Las condiciones del contrato, claramente delimitadas por la compañía y donde resalta una clausula de confidencialidad que no permite divulgar los resultados del estudio a menos que la compañía lo permita, nos permiten avizorar cuales serán las conclusiones del monitoreo. Con la firma de este contrato, tal y como sucediera con el acuerdo que intenta elevar el costo de las matriculas, la administración de la Universidad de Caldas se le intenta adelantar a la reforma de la ley 30. La entrega de la autonomía universitaria, la mercantilización de la educación y la ausencia total de sentido crítico ante este tipo de proyectos, allanan el camino para que grandes multinacionales lleguen al país y apalanquen sus proyectos con el visto bueno y la legitimación de algunas instituciones de educación superior.
Los estudiantes y demás estamentos de la Universidad de Caldas, asumiremos este reto y aprovecharemos la pertinencia de este debate para generar espacios académicos de discusión acerca de los nocivos efectos de la política minera nacional, esa mal llamada locomotora del progreso que pretende arrasar con vastas porciones de la geografía nacional y que ha generado que hoy el 40% del territorio nacional este pedido en concesión para grandes proyectos mineros, a cambio del pago de unas exiguas regalías que no alcanzan siquiera a cubrir los inmensos daños ambientales, sociales y económicos con los que quedan las regiones afectadas.
Muy cerca en nuestro propio departamento tenemos el ejemplo de la lucha de todo un pueblo con más de 500 años de historia frente a las mismas políticas del despojo y la expoliación. Marmato resiste ante los embates de una compañía canadiense que con la ayuda del Estado y de la administración local y departamental, pretende desaparecer todo el pueblo para realizar un proyecto de similar envergadura.
Sea este un llamado para vincularnos activamente a este y otros conflictos similares y para contribuir desde nuestro ámbito a generar acciones de resistencia por la defensa de la soberanía de nuestra nación.
Darío Arenas
Coordinador regional de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE Caldas y miembro de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, RECLAME.
Reproduce: OCE-TOLIMA
Cabe anotar también que la administración de la Universidad de Caldas no tuvo el menor reparo en firmar un convenio con una empresa, en cuyo historial reposan nexos confesos con paramilitares en regiones tan asoladas por la violencia y la miseria como el Congo, tal y como se demuestra en el informe de Human Rights Watch llamado “The curse of gold”, donde se acusa a la compañía de apoyo financiero al Frente Nacionalista e Integracionista del Congo, grupo ilegal que controla las minas de oro del noreste del país.
Ante la afortunada y coherente negativa del consejo superior de la Universidad del Tolima (donde se había presentado la propuesta con anterioridad) para realizar este monitoreo, que en últimas y debido a sus condiciones pretende legitimar la devastación que se realizará en la zona, la compañía minera realizó una búsqueda en otras instituciones que finalizó con la suscripción del convenio con la Universidad de Caldas. Una decisión aberrante e indigna proviniendo de una institución académica que debería propugnar por la independencia investigativa, la rigurosidad científica y el compromiso con la sociedad, pero que desafortunadamente a través de esta administración da prelación al poder del dinero por encima de todas estas consideraciones.
Las condiciones del contrato, claramente delimitadas por la compañía y donde resalta una clausula de confidencialidad que no permite divulgar los resultados del estudio a menos que la compañía lo permita, nos permiten avizorar cuales serán las conclusiones del monitoreo. Con la firma de este contrato, tal y como sucediera con el acuerdo que intenta elevar el costo de las matriculas, la administración de la Universidad de Caldas se le intenta adelantar a la reforma de la ley 30. La entrega de la autonomía universitaria, la mercantilización de la educación y la ausencia total de sentido crítico ante este tipo de proyectos, allanan el camino para que grandes multinacionales lleguen al país y apalanquen sus proyectos con el visto bueno y la legitimación de algunas instituciones de educación superior.
Los estudiantes y demás estamentos de la Universidad de Caldas, asumiremos este reto y aprovecharemos la pertinencia de este debate para generar espacios académicos de discusión acerca de los nocivos efectos de la política minera nacional, esa mal llamada locomotora del progreso que pretende arrasar con vastas porciones de la geografía nacional y que ha generado que hoy el 40% del territorio nacional este pedido en concesión para grandes proyectos mineros, a cambio del pago de unas exiguas regalías que no alcanzan siquiera a cubrir los inmensos daños ambientales, sociales y económicos con los que quedan las regiones afectadas.
Muy cerca en nuestro propio departamento tenemos el ejemplo de la lucha de todo un pueblo con más de 500 años de historia frente a las mismas políticas del despojo y la expoliación. Marmato resiste ante los embates de una compañía canadiense que con la ayuda del Estado y de la administración local y departamental, pretende desaparecer todo el pueblo para realizar un proyecto de similar envergadura.
Sea este un llamado para vincularnos activamente a este y otros conflictos similares y para contribuir desde nuestro ámbito a generar acciones de resistencia por la defensa de la soberanía de nuestra nación.
Darío Arenas
Coordinador regional de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE Caldas y miembro de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, RECLAME.
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