José Arlex Arias Arias, La Verdad, Cartagena, 25 de junio de 2012.
Desde el pasado 26 de diciembre, en columna que publiqué en este espacio, denominada “REFORMA A LA JUSTICIA: Santos peor que Uribe”, advertí que el gran salto del presidente Juan Manuel Santos lo estaba dando con la Reforma a la Justicia, porque va en el camino de la adecuación de toda la superestructura del Estado a los condicionamientos del modelo neoliberal, apertura económica y libre mercado.
En su momento había voces discordantes que la consideraban una iniciativa tan regresiva, que ultraconservadores como el Procurador Alejandro Ordoñez le pidieron que la retirara, en carta conjunta firmada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y por la ex Fiscal, Vivian Morales. Es lógico que no lo iba a hacer, porque era una propuesta, además de impuesta por los centros de poder internacionales, de sus entrañas y refleja la naturaleza de lo que ha sido el actual presidente durante todo su desempeño en la vida pública, es decir, un fiel representante de las “castas” que han gobernado toda la vida este país.
Después de repartir las canonjías respectivas a casi todos los que osaron contradecir, la Reforma Constitucional quedó aprobada el pasado 15 de junio, muy a pesar de que se legisló en causa propia, en el caso de los congresistas, y se entregaron dádivas a los magistrados de las Altas Cortes. A Santos se le conoce por su capacidad de “persuadir” para cooptar a quienes sientan sus voces disidentes, saber ubicar a los sujetos manipulables y reducir las seudo - oposiciones que aparecen en el país, con la honrosa excepción del Polo Democrático Alternativo. Lo fundamental para Santos es avanzar en la profundización en el modelo económico, social y político; por eso aseguro sin temor que, en ese sentido, Santos es peor que Uribe.
Santos iba por un objetivo central: cooptar la rama judicial y privatizar el sistema judicial. Lo demás era secundario y por eso les fue entregando a cada uno lo que pedía. Tal como lo aseguré en la mencionada columna, Santos con su Reforma Constitucional, profundiza la privatización de la justicia que inició Uribe con “los aranceles judiciales”, es decir, que Usted tiene que pagar para poder acceder a la administración de justicia; así, la Reforma Constitucional, con el argumento de descongestionar los despachos, en su artículo 2°, conocido como “el cuerpo de la descongestión de la justicia”, otorga funciones jurisdiccionales a empleados judiciales, notarios, abogados y centros de arbitraje y de conciliación privados, con lo cual además de violar la autonomía de la Rama, se da el paso definitivo hacia la privatización de la justicia. O sea, se acentuará el proverbio popular de que “la justicia es para los de ruana”, y acceden a ella “los que tienen plata”. La justicia funcionará como negocio, como mercancía; así están quedando convertidos todos los derechos fundamentales y esenciales de los colombianos.
Lo dijo el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez: “la Reforma Constitucional fue hecha para favorecer al Congreso de la República”. Efectivamente, como cerca del cuarenta por ciento de los parlamentarios tienen algún tipo de procedimiento judicial, se les otorgó la doble instancia tanto en los procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia como en los de pérdida de investidura en el Consejo de Estado, con lo cual disminuye el control de los Altos Tribunales sobre ellos, ya que además quitaron las causales de inhabilidad de los congresistas. Como si fuera poco lo anterior, los parlamentarios sólo podrán ser detenidos una vez proceda la resolución de acusación; una excepción odiosa, cuando cualquier colombiano puede ser detenido hasta por sólo sospechas.
A todos les dieron un poquito: Los artículos 3° y 4° establecen que los altos funcionarios del Estado que tienen fuero -como el presidente de la República, el vicepresidente, el fiscal general y los magistrados de las altas cortes-, cuando sean acusados de algún delito, enfrentarán un antejuicio político en el Senado, previa solicitud de la Cámara, es decir, nunca serán investigados. Y a los actuales magistrados de las altas cortes se les extendió el período a 12 años, al igual que la edad de retiro se las ampliaron a 70 años.
Así funciona la manguala de la Unidad Nacional. ¡La Reforma a la Justicia, otra partida de póquer que ganó Santos y perdieron los colombianos!
Justicia SI, reforma NO
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