Como ya es conocido, el presupuesto que les es destinado desde la Ley 30 de 1992 ha sido insuficiente para soportar estas instituciones, ya que las erogaciones a partir de la variable costo del dinero implica actualizarlas mas no aumentarlas. Bajo esa consideración bastarían los recursos de 1992 para mantener el mismo nivel de cualificación docente y su cantidad, la infraestructura física, entre otros. Pero dichos niveles han aumentado y por lo tanto se presenta una desfinanciación. Según el Director de Presupuesto de este órgano “la nación no financia los costos de funcionamiento de las universidades públicas” porque, según él, no es absolutamente responsable de un rubro especifico, sino del mínimo contemplado por Ley mientras que las necesidades abundan.
Dos aspectos pueden resumir la crisis actual del sistema: i.) Para obtener la deseable relación de 1 docente por cada 18 estudiantes habría que pasar de 11.425 docentes de planta a 19.215, reduciendo en 61% y 53% los catedráticos y ocasionales respectivamente, para una distribución de 7 de planta, 2 catedráticos y 1 ocasional por cada 10, lo que representaría una inversión de $430.000 millones adicionales por año, ii.) la infraestructura física actual es de 3,9m2 por cada estudiante, mientras que para salir del palpable hacinamiento urge una relación de 11m2 por cada 1, que con los estudiantes de hoy exige 2,8 millones de m2 adicionales, con un costo de $5,6 billones.
Sumando a lo anterior lo requerido para cualificación docente, Bienestar Universitario, Recursos de Apoyo Académico y Gastos Administrativos el cálculo total de las necesidades financieras del Sistema es superior a los $18,7 billones . Sin embargo, la universidad a través de la venta de bienes servicios, aumento de costo de matrículas y estrategias de racionalización de los recursos, todo ante la indiferencia del Gobierno Nacional, le ha restado a la anterior suma $7,5 billones, para un déficit total de $11,1 billones a 2012.
Amanecerá y veremos, pues tras el año que las Universidades acaban de pasar en un deplorable estado, al Gobierno se le crecen las movilizaciones y los estudiantes incubamos una nueva Ley de Educación Superior.
Nota: en la aprobada y sancionada Reforma Tributaria se destinará una partida que ronda los $1,5 billones a las 80 Instituciones de Educación Superior públicas entre 2013 y 2015, sobre los que el Gobierno reglamentará los criterios de asignación y por lo tanto no irán a la Base Presupuestal de las Universidades. La MANE acertó al no prestarle el nombre a Santos y su Unidad Nacional para aprobar su regresiva reforma, que en tres años entregará a 80 IES 9 veces menos de lo requerido por 30 de ellas para el próximo. Estos recursos, además de estar atados a las utilidades de las empresas (razón por la que la cifra podría alterarse), se generarán a costa de imponer enormes cargas al colombiano de clase baja y media, mientras perdona más de $8 billones de impuestos a las grandes empresas.
(1)Incluyendo los gastos adicionales a partir de decisiones legales que han incidido en el presupuesto de gastos de las Universidades Estatales a partir de la ley 30 de 1992 en materia de contratación de personal.
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