En vista de la crisis social y económica que genera la privatización de los servicios de agua, alcantarillado, energía, gas domiciliario y telecomunicaciones, que debieran consagrarse como “derechos fundamentales” de la población, se hizo necesaria la convocatoria al segundo Congreso Nacional de usuarios de servicios públicos domiciliarios durante los días 8 y 9 de diciembre en la ciudad de Medellín-Antioquia.
La ley 142 de 1994, junto con el artículo 365 de la constitución política de Colombia, conciben los servicios públicos como “competencia en el mercado” para elevar los estándares de eficiencia de las empresas prestadoras de éstos servicios, y de esta manera darle facilidad de ingreso al sector privado dentro de las prestaciones, que debiera ser obligación y responsabilidad del propio Estado.
Uno de los cuatro principios de la conferencia internacional sobre agua y medio ambiente 1992, se contempla que “el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico”, en el cual clarifica que se puede manejar éste recurso como estrategia de lucro económico para cualquier empresa que se haga cargo de la prestación de los servicios, que en el caso de nuestro país es apetecido por el sector privado y extranjero ya que el gobierno actual les ofrece todas las gabelas para enriquecerse a costa de los pobres que pululan en Colombia.
Los subsidios estatales fueron eliminados y reemplazados por los subsidios cruzados los cuales consisten en que los estratos altos, particularmente la industria y el comercio subsidian a los estratos 1, 2 y 3, quitando propiamente la responsabilidad del estado en apoyar financieramente estos sectores y olvidando que estos servicios deben ser reconocidos como derechos fundamentales de cualquier población.
Las altas tarifas en los servicios públicos domiciliarios generan pánico en la gente, pues pareciera más amenazante el sonido del recibo de pago cuando entra por debajo de la puerta que una misma amenaza, puesto que la política administradora de las mismas empresas mercantilizadoras de los servicios es la de “ahorrar agua y energía para ofrecer mayor cobertura a las comunidades que aún carecen de acceso al servicio”, que se traduce simplemente, en aumentar los costos de prestación bajo el pretexto de los subsidios cruzados, y el hogar que no tiene la posibilidad de pagarlos son desconectados inmediatamente lo cual es un beneficio más para la empresa porque el monto monetario de la re conexión es una entrada mas que les genera millones de pesos.
En Medellín, EPM está impulsando la energía prepago, que según Federico Restrepo posada, Gerente general de Empresas Públicas de Medellín, busca conectar al servicio a un poco más de 31 mil familias del área metropolitana, de los estratos 1, 2 y 3, que tienen el servicio cortado o suspendido por falta de pago o están bajo este riesgo. EPM estima que el 50 por ciento de esas 31 mil familias se ubica en la primera situación y el 50 por ciento en la segunda.
El sistema de tarjeta prepago tiene un cupo de energía que pueden pagar (en la misma forma como se recarga un teléfono celular) en el cual abonan el 10 por ciento para la amortización de la deuda, las tarjetas se ofrecen en tiendas, supermercados y otros negocios en los barrios, desde 2.000 pesos y hasta 20.000 pesos. ¿Hasta dónde ha llegado la precarización de los servicios?, ¿en realidad ésta es una alternativa “humana” para darle una solución a los problemas económicos y sociales de la gente que se involucran en la tragedia de decidir entre darle estudio a los hijos, hacer mercado, pagar seguridad social y pagar servicios domiciliarios?
Es tan grande el dilema en el que entra la gente al comprar una tarjeta prepago con un valor de 2000 pesos (asumiendo que muchas familias cuentan únicamente con este monto ), del cual se les descuenta el 10% para abono a la deuda, por lo tanto quedarían 1.800 pesos de consumo que ahora entran en la disputa de los kilovatios, pues toca decidir si estos deberán servir para el bombillo que le ofrece luz a las personas que están estudiando o a la nevera que necesita preservar los alimentos del día siguiente. La cadena de desastres generados por una “simple desconexión de energía o agua” recae
hasta el abismo y la violación de los derechos humanos, la seguridad alimentaria, el derecho a la salud y la educación. En Colombia, las oportunidades para las familias de menos recursos y las más golpeadas por la pobreza y el desplazamiento, son ignoradas por el gobierno nacional, dejándole la responsabilidad y la decisión del futuro de dicha gente al sector privado el cual se aprovecha desvergonzadamente de las necesidades y los apuros de los colombianos, que bajo la misma presión de las empresas, se prefiere endeudar y dejar de realizar alguna actividad vital, para subsanar deudas de energía y agua, pues la gente en su penuria, valora estos elementos como indispensables para la vida y el qué hacer cotidiano.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Comisión Reguladora de Agua Potable, anunció finalizando el año 2009 las sanciones al consumo de agua, mediante decreto 5051 del 29 de diciembre de 2009 y la resolución CRA 491 del 4 de enero del 2010, que oculta la incompetencia del gobierno nacional frente a la política ambiental, que se destina verticalmente al mercantilismo de los servicios públicos domiciliarios.
Esta normativa beneficiará a los grandes empresarios que gestionan las empresas de acueducto y alcantarillado del país, pues en la resolución citada, hacen mención que los recursos que provengan del monto que se cobre por el desincentivo económico serán utilizados en inversiones ambientales con el fin de recuperar fuentes hídricas y la realización de campañas educativas referentes al uso y ahorro de agua. ¿Por qué, antes de castigar al pueblo, no se fomentó una campaña amplia de difusión de información y educación ambiental? Es claro, que la educación del pueblo en todos los ámbitos, es indispensable antes de acceder a cualquier tipo de sanción, se sobrepone que de esta manera es que se debe llevar a cabo por conducto regular y por propia cultura ciudadana. ¿Quiénes van a ser los más afectados? Como siempre, los más pobres son los que llevan las de perder, pues en Colombia, las familias de menores recursos, que no tienen acceso a educación ni llevar una vida digna, son las que presentan mayor porcentaje de natalidad, lo cual argumenta que son las familias más numerosas, con menos recursos económicos y ausencia de oportunidades humanas dentro de la sociedad.
La estrategia privatizadora está montando un “laboratorio de ensayos” en nuestro país, donde cuentan con el respaldo de la administración nacional que NO respeta los mecanismos de participación popular consagrado en el artículo 103 de la constitución de 1991, y tampoco tiene en cuenta las decisiones de su población, que claramente podemos observar con los cambios que le hizo la bancada oportunista vende patrias del congreso al referendo del agua avalado por más de dos millones de firmas. Los “operadores estratégicos” y las multinacionales extranjeras palpan las buenas retribuciones que hacen de Colombia el blanco perfecto para la generación de dádivas.
En este sentido y teniendo clara la grave situación que se presenta con los servicios públicos domiciliarios, el II Congreso nacional de usuarios de SPD aceptó conformar un equipo amplio y representativo que cree las instancias de proposición y debate que permitan definir lo que sea necesario, para poder emprender, a más tardar en los primeros días de julio, con la logística requerida, la ineludible movilización social que demanda la tarea.
Esta decisión nos obliga a elevar nuestra capacidad organizativa, argumentativa y financiera y nos pone en la necesidad de desarrollar una actividad permanente que, atendiendo los asuntos del día a día, promueva discusiones de fondo sobre cómo se prestan y cómo deberían prestarse los servicios públicos, cómo deberían ser las tarifas, quién los debe financiar, y hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos nacionales para garantizar el acceso, la calidad y la expansión de los servicios públicos.
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO COLOMBIANO….. UNIDAD, ORGANIZACIÒN Y LUCHA!!!
Lucía Martínez Restrepo
Organización Colombiana de estudiantes OCE
Representante estudiantil de MVZ – UT
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