Organización Colombiana de Estudiantes -OCE – Ibagué, abril 13 de 2010
El hombre es lo que debe ser mediante la educación
Hegel
La ley 30 organiza el servicio público de la Educación Superior en Colombia, “servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”, que a partir de la Constitución de 1991 se contempla no como derecho inexorable del pueblo, sino como servicio en el cual se suscribe como usuario y no como estudiante. En aras de ajustar la política educativa que le compete a la Educación Superior a objetivos propios del Neoliberalismo; mayor demanda y expansión de la universidad, reducción del recurso público y el incremento de las matriculas por estudiante, el proyecto de reforma a la ley 30 de 1992 busca adecuar la universidad pública a los mandatos foráneos del FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial.
Contra la consigna “estudie ahora, pague después” orientada en el fortalecimiento de créditos del ICETEX para estudiantes 1 y 2 del sisbén, es perentorio organizarnos en torno a la defensa de la Universidad Pública como patrimonio de la Nación con un ideario que aviste la gratuidad de la educación (financiación estatal), la cientificidad de la teoría y la práctica, los ejercicios democráticos garantes de autonomía y libertad y la academia que privilegie la necesidad de la nación respecto al tipo de hombre que se deba formar. El interés del Gobierno Nacional en reformar los artículos 86 y 87 sobre el régimen financiero, recaen en instaurar el modelo de la “autofinanciación” que hasta ahora se fortalece a pasos agigantados al interior de la universidad, por tanto pese a que las transferencias del gobierno a las universidades públicas llevan más de una década congeladas, el aumento de cobertura entre 2002 y 2006 creció en un 58% y el aporte del MEN (Ministerio de Educación Nacional) disminuyó por alumno en 39%. Por ejemplo la Universidad del Tolima pasó de tener 3.500 estudiantes en presencial a finales de la década del 90 a 6.800 en diciembre de 2009 y en distancia de 8.000 a 23.000 estudiantes, así como los programas ofertados eran 18 hoy se superan los 30, todos estos cambios se han dado dentro de las mismas instalaciones de la universidad, que no han sido otras en 50 años de historia y con los mismos y precarios laboratorios que se dotaron en la década del 80 que hasta el año en curso no se han modernizado. Con seguridad la inversión propia se acerca al 60% que se traduce en venta de servicios y el incremento de matriculas, aun sin el dinero que le adeuda la gobernación a la UT por el incumplimiento del artículo 86 de la ley 30 de 1992 (monto cercano a los 64 mil millones de pesos) la administración de nuestra universidad ha cumplido a cabalidad la tarea de sacrificar calidad y fortalecer cobertura, indicador de gestión estandarte de la privatización de la Educación Superior.Tras la descripción en grosso modo de la situación general y particular de la Educación Superior el llamado es a profundizar en los asuntos que afectan la Universidad Pública ya que si el estudiantado insiste en exigir una educación que haga avanzar en la escala humana al hombre, en defender un ideario por un modelo educativo Nacional, Científico y de Masas, en proponer espacios de discusión sobre los alcances de la mercantilización de la educación, en sentar precedentes para salvaguardar condiciones de vida digna para el gremio estudiantil y trabajador, las medidas malsanas del gobierno Neoliberal encontrarán el mejor de los oponentes, el espíritu de un pueblo que busca incesantemente levantarse del suelo.
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