Darío Arenas Villegas, Representante Estudiantil Consejo Superior Universidad de Caldas, Enero 23 de 2012.
Es evidente, tal y como se advirtió en su momento, que la política privatizadora en la Universidad de Caldas avanzó con la modificación del régimen de matriculas. Pese a que algunos de los elementos más lesivos del acuerdo inicial de matriculas fueron removidos o disminuidos, el acuerdo 012 de 2011 recoge una serie de puntos que profundizan muchas de las injustas medidas que se toman para evaluar el ingreso de los jóvenes a la educación superior, teniendo primacía la capacidad monetaria de las familias en lugar de las aptitudes y la disposición de los aspirantes.
Desde el mes de diciembre, varios representantes estudiantiles hemos venido recibiendo quejas por parte de algunos estudiantes admitidos y hemos atendido un número importante de casos en los que no existe reciprocidad entre la liquidación de la matricula y la verdadera capacidad económica de los estudiantes y sus familias. Algunos de estos casos se han podido resolver con éxito, lográndose una reliquidación acorde a la realidad socioeconómica de los admitidos, pero en otros no se han podido propiciar cambios sustanciales, debido precisamente a los factores incluidos dentro del nuevo acuerdo, como el que estipula el valor de la matricula del colegio como un elemento a tener en cuenta en la liquidación.
Ante los reclamos hechos por los padres de familia, emanados del evidente alza de matriculas que genera este nuevo acuerdo, las directivas de la universidad citaron a todos los representantes estudiantiles a una reunión el pasado viernes 20 de enero. El objetivo fue analizar diferentes cifras y datos relacionados con la aplicación de este nuevo sistema de matriculas y generar escenarios para que la transición entre acuerdos no sea más traumática de lo que ya es. Dentro de los datos aportados por la oficina de planeación, es palpable la reducción en el número de estudiantes exonerados, pasando del 75% de estudiantes que no pagaban matricula con el anterior acuerdo a apenas el 50% con el nuevo sistema. Es probable que esta sea la causa para que en este periodo de admisiones, 146 estudiantes hayan solicitado ampliación del plazo para el pago de matrícula y 132 hayan reservado cupo para el próximo periodo académico.
El recaudo estimado hasta el día 19 de enero era de casi 390 millones de pesos, ingresos que contrastados con la base anterior de aproximadamente 260 millones por cohorte, develan un aumento de aproximadamente el 50% en las matriculas con el nuevo acuerdo. En cuanto a la relación del porcentaje de ingresos familiares aportados para la matricula, se observó que en más del 10% de los matriculados (88 estudiantes) se destina más del 10% del ingreso familiar para realizar este pago; factor preocupante ya que incluso hay 11 casos de estudiantes cuyos ingresos son menores a 1 salario mínimo y sin embargo destinaron más del 15% al pago de la matricula. Es apenas obvio que las familias aparte de los gastos en educación, deben efectuar gastos de otra índole para su sostenimiento y bienestar, por lo que destinar porcentajes muy elevados a este rubro puede significar recortes en otras áreas o realizar esfuerzos muy grandes para cumplir con este compromiso.
El factor de la pensión del colegio, que constituye una de las formas más evidentes de elevar el precio de las matriculas, primó para 160 estudiantes, es decir, que pese a que el estudio socioeconómico realizado al estudiante o a su familia arrojara un valor menor en la matricula, por el hecho de haber estudiado el último año de secundaria en un colegio privado, se le liquidó la matricula con base en este indicador. Este es quizás uno de los puntos más relevantes del nuevo acuerdo, y sobre el cual los estudiantes aun tenemos serios desacuerdos, que esperamos sean tratados en los escenarios adecuados para ser reevaluados y modificados.
Finalmente, como fruto de esta reunión la administración de la universidad en cabeza del rector Ricardo Gómez y con la presencia del secretario general de la institución, Fernando Duque, se comprometió a citar el lunes 23 de enero al comité veedor del proceso de admisión, conformado por un miembro de la secretaria general, un miembro de control interno y un representante estudiantil al consejo académico, para revisar los casos en los que haya inconsistencias o no se hayan tenido en cuenta situaciones particulares y quedó consignado el compromiso para revisar elementos del nuevo acuerdo, como los relacionados con la pensión del colegio, los topes a las matrículas, la creación de un fondo para estímulos académicos y la relación del ingreso familiar con el pago de la matricula.
Esperamos poder modificar o reversar algunos de los elementos consignados en este acuerdo con el acompañamiento de la comunidad universitaria en su conjunto.
Es evidente, tal y como se advirtió en su momento, que la política privatizadora en la Universidad de Caldas avanzó con la modificación del régimen de matriculas. Pese a que algunos de los elementos más lesivos del acuerdo inicial de matriculas fueron removidos o disminuidos, el acuerdo 012 de 2011 recoge una serie de puntos que profundizan muchas de las injustas medidas que se toman para evaluar el ingreso de los jóvenes a la educación superior, teniendo primacía la capacidad monetaria de las familias en lugar de las aptitudes y la disposición de los aspirantes.
Desde el mes de diciembre, varios representantes estudiantiles hemos venido recibiendo quejas por parte de algunos estudiantes admitidos y hemos atendido un número importante de casos en los que no existe reciprocidad entre la liquidación de la matricula y la verdadera capacidad económica de los estudiantes y sus familias. Algunos de estos casos se han podido resolver con éxito, lográndose una reliquidación acorde a la realidad socioeconómica de los admitidos, pero en otros no se han podido propiciar cambios sustanciales, debido precisamente a los factores incluidos dentro del nuevo acuerdo, como el que estipula el valor de la matricula del colegio como un elemento a tener en cuenta en la liquidación.
Ante los reclamos hechos por los padres de familia, emanados del evidente alza de matriculas que genera este nuevo acuerdo, las directivas de la universidad citaron a todos los representantes estudiantiles a una reunión el pasado viernes 20 de enero. El objetivo fue analizar diferentes cifras y datos relacionados con la aplicación de este nuevo sistema de matriculas y generar escenarios para que la transición entre acuerdos no sea más traumática de lo que ya es. Dentro de los datos aportados por la oficina de planeación, es palpable la reducción en el número de estudiantes exonerados, pasando del 75% de estudiantes que no pagaban matricula con el anterior acuerdo a apenas el 50% con el nuevo sistema. Es probable que esta sea la causa para que en este periodo de admisiones, 146 estudiantes hayan solicitado ampliación del plazo para el pago de matrícula y 132 hayan reservado cupo para el próximo periodo académico.
El recaudo estimado hasta el día 19 de enero era de casi 390 millones de pesos, ingresos que contrastados con la base anterior de aproximadamente 260 millones por cohorte, develan un aumento de aproximadamente el 50% en las matriculas con el nuevo acuerdo. En cuanto a la relación del porcentaje de ingresos familiares aportados para la matricula, se observó que en más del 10% de los matriculados (88 estudiantes) se destina más del 10% del ingreso familiar para realizar este pago; factor preocupante ya que incluso hay 11 casos de estudiantes cuyos ingresos son menores a 1 salario mínimo y sin embargo destinaron más del 15% al pago de la matricula. Es apenas obvio que las familias aparte de los gastos en educación, deben efectuar gastos de otra índole para su sostenimiento y bienestar, por lo que destinar porcentajes muy elevados a este rubro puede significar recortes en otras áreas o realizar esfuerzos muy grandes para cumplir con este compromiso.
El factor de la pensión del colegio, que constituye una de las formas más evidentes de elevar el precio de las matriculas, primó para 160 estudiantes, es decir, que pese a que el estudio socioeconómico realizado al estudiante o a su familia arrojara un valor menor en la matricula, por el hecho de haber estudiado el último año de secundaria en un colegio privado, se le liquidó la matricula con base en este indicador. Este es quizás uno de los puntos más relevantes del nuevo acuerdo, y sobre el cual los estudiantes aun tenemos serios desacuerdos, que esperamos sean tratados en los escenarios adecuados para ser reevaluados y modificados.
Finalmente, como fruto de esta reunión la administración de la universidad en cabeza del rector Ricardo Gómez y con la presencia del secretario general de la institución, Fernando Duque, se comprometió a citar el lunes 23 de enero al comité veedor del proceso de admisión, conformado por un miembro de la secretaria general, un miembro de control interno y un representante estudiantil al consejo académico, para revisar los casos en los que haya inconsistencias o no se hayan tenido en cuenta situaciones particulares y quedó consignado el compromiso para revisar elementos del nuevo acuerdo, como los relacionados con la pensión del colegio, los topes a las matrículas, la creación de un fondo para estímulos académicos y la relación del ingreso familiar con el pago de la matricula.
Esperamos poder modificar o reversar algunos de los elementos consignados en este acuerdo con el acompañamiento de la comunidad universitaria en su conjunto.
0 comentarios:
Publicar un comentario