“Maldita sea la exitosa dictadura del miedo, que nos obliga a creer que la realidad es intocable y que la solidaridad es una enfermedad mortal, porque el prójimo es siempre una amenaza y nunca una promesa”. Eduardo Galeano
Oscar Ruiz, Representante estudiantil ante el Consejo Superior, Universidad Pedagogica Nacional. Bogota 30 de marzo de 2012
No deja de sorprender la capacidad de manipulación de la administración de la UPN, encabezada por el Consejo Superior y Académico, para adornar las decisiones que se han discutido buscando solucionar la “vulnerabilidad” y “crisis” de seguridad que afronta nuestra universidad. Claro ejemplo de ello es el comunicado que aparece hoy, en que el rector hace algunas “aclaraciones” a los informes de las sesiones de dichos consejos esta semana.
Hay que empezar por decir que las directivas de la universidad, sin ni siquiera el beneficio de la duda, han señalado de manera grave a los compañeros y la compañera que fallecieron, condenándolos sin tener en cuenta las investigaciones de los organismos competentes. Hicieron alusión tan solo a algunas informaciones que, además de amañadas y amarillistas de los medios de comunicación y tomando las primeras declaraciones de la policía, carecen de una investigación seria. Por el contrario, se han mostrado indolentes y apáticos, manchando el nombre de nuestros compañeros sin ofrecer siquiera un mínimo duelo por tres personas que hicieron parte de la comunidad universitaria y cuya muerte nos debe doler, por encima de las barreras ideológicas y políticas. La universidad debe defender la vida y rechazar la muerte, como por lo menos sucedió en el reciente caso de la UPTC. Pero las directivas han usado el hecho para dar inicio a una serie de acciones que nada tienen que ver con la reflexión que según ellos se debe hacer. Cabe preguntar quiénes son los que le quieren dar un uso político a tan lamentable hecho.
En efecto, el Consejo Académico le sugirió al Consejo Superior el pasado 28 de marzo, cerrar la Universidad para que los profesores y funcionarios entren en un proceso de reflexión acerca de la necesaria “reorientación” de la universidad y para refundarla. La discusión en el CSU, que se amplió por más de dos horas, terminó aplazando la decisión para el día 9 de abril en reunión extraordinaria. Sin embargo, ninguno de los consejeros, a excepción del profesor y estudiante, estuvimos de acuerdo con el cierre. La única razón por la cual no se aprobó fue porque la administración no presentó una propuesta de calendario, para lo cual se le dio estos días de receso para elaborarlo. El tiempo de la suspensión tampoco quedó claro, pero lo cierto es que en este órgano la administración detenta todos los votos para aprobar el cierre, al que han querido llamar un “alto en el camino” o “suspensión” para que no suene tan fuerte ante la comunidad universitaria.
Se planea además la reforma del reglamento estudiantil para hacer más eficaces los procesos disciplinarios ya que existen unos vacíos que lo hacen inaplicable en la actualidad, pero también para ponerlo en sintonía con leyes del orden distrital y nacional como la de seguridad ciudadana, la ampliación de las entradas de la calle 72 y 73, con el argumento de que ante una eventual emergencia ni las ambulancias ni los bomberos tendrían cómo entrar. Nosotros solicitamos que quedara en claro que la apertura era principalmente para el ESMAD, que en varias ocasiones ha dañado la entrada de la 73 para poder ingresar a nuestro claustro. También señalan las directivas que los discursos pedagógicos son desesperanzadores –según ellos– y promueven pesimismo, y que los estudiantes llegan y en primer semestre hay docentes que se encargan de alimentar resentimientos. Ante esto hay que señalar que no pueden ser los profesores objeto de persecución por sus contenidos y análisis. Hay un principio democrático fundamental y es el de la libertad de cátedra, pero también somos los estudiantes sujetos políticos, con criterio, y hemos tenido una relación crítica con la sociedad, en medio de unos agudos y profundos conflictos.
En síntesis todas las propuestas están sustentadas en la “peligrosidad de los estudiantes” y en la necesidad de adelantar actividades de reflexión donde nosotros no estemos, porque según ellos somos un agente de confrontación y desequilibrio. La universidad que ellos quieren es esa, sin estudiantes, sin discusión, con las puertas cerradas. Aunque intenten negarlo, los créditos de los que habla Orozco en el comunicado nos los darán los hechos. La reflexión, la reorientación y papel de la universidad en la sociedad no se puede discutir sin los estudiantes y sin la academia. Para ello están las aulas, las mesas de trabajo, las asambleas. Es necesario exigir que la propuesta excluyente no sea aprobada el próximo 9 de abril, como hasta el momento parece que va a ser. Por último, si la administración cree que estamos diciendo mentiras, que salga del “P”, que nos hable de frente, no por comunicados o en eventos fuera de nuestra Alma Mater, como la rendición de cuentas que ha anunciado en la Biblioteca Virgilio Barco.
No deja de sorprender la capacidad de manipulación de la administración de la UPN, encabezada por el Consejo Superior y Académico, para adornar las decisiones que se han discutido buscando solucionar la “vulnerabilidad” y “crisis” de seguridad que afronta nuestra universidad. Claro ejemplo de ello es el comunicado que aparece hoy, en que el rector hace algunas “aclaraciones” a los informes de las sesiones de dichos consejos esta semana.
Hay que empezar por decir que las directivas de la universidad, sin ni siquiera el beneficio de la duda, han señalado de manera grave a los compañeros y la compañera que fallecieron, condenándolos sin tener en cuenta las investigaciones de los organismos competentes. Hicieron alusión tan solo a algunas informaciones que, además de amañadas y amarillistas de los medios de comunicación y tomando las primeras declaraciones de la policía, carecen de una investigación seria. Por el contrario, se han mostrado indolentes y apáticos, manchando el nombre de nuestros compañeros sin ofrecer siquiera un mínimo duelo por tres personas que hicieron parte de la comunidad universitaria y cuya muerte nos debe doler, por encima de las barreras ideológicas y políticas. La universidad debe defender la vida y rechazar la muerte, como por lo menos sucedió en el reciente caso de la UPTC. Pero las directivas han usado el hecho para dar inicio a una serie de acciones que nada tienen que ver con la reflexión que según ellos se debe hacer. Cabe preguntar quiénes son los que le quieren dar un uso político a tan lamentable hecho.
En efecto, el Consejo Académico le sugirió al Consejo Superior el pasado 28 de marzo, cerrar la Universidad para que los profesores y funcionarios entren en un proceso de reflexión acerca de la necesaria “reorientación” de la universidad y para refundarla. La discusión en el CSU, que se amplió por más de dos horas, terminó aplazando la decisión para el día 9 de abril en reunión extraordinaria. Sin embargo, ninguno de los consejeros, a excepción del profesor y estudiante, estuvimos de acuerdo con el cierre. La única razón por la cual no se aprobó fue porque la administración no presentó una propuesta de calendario, para lo cual se le dio estos días de receso para elaborarlo. El tiempo de la suspensión tampoco quedó claro, pero lo cierto es que en este órgano la administración detenta todos los votos para aprobar el cierre, al que han querido llamar un “alto en el camino” o “suspensión” para que no suene tan fuerte ante la comunidad universitaria.
Se planea además la reforma del reglamento estudiantil para hacer más eficaces los procesos disciplinarios ya que existen unos vacíos que lo hacen inaplicable en la actualidad, pero también para ponerlo en sintonía con leyes del orden distrital y nacional como la de seguridad ciudadana, la ampliación de las entradas de la calle 72 y 73, con el argumento de que ante una eventual emergencia ni las ambulancias ni los bomberos tendrían cómo entrar. Nosotros solicitamos que quedara en claro que la apertura era principalmente para el ESMAD, que en varias ocasiones ha dañado la entrada de la 73 para poder ingresar a nuestro claustro. También señalan las directivas que los discursos pedagógicos son desesperanzadores –según ellos– y promueven pesimismo, y que los estudiantes llegan y en primer semestre hay docentes que se encargan de alimentar resentimientos. Ante esto hay que señalar que no pueden ser los profesores objeto de persecución por sus contenidos y análisis. Hay un principio democrático fundamental y es el de la libertad de cátedra, pero también somos los estudiantes sujetos políticos, con criterio, y hemos tenido una relación crítica con la sociedad, en medio de unos agudos y profundos conflictos.
En síntesis todas las propuestas están sustentadas en la “peligrosidad de los estudiantes” y en la necesidad de adelantar actividades de reflexión donde nosotros no estemos, porque según ellos somos un agente de confrontación y desequilibrio. La universidad que ellos quieren es esa, sin estudiantes, sin discusión, con las puertas cerradas. Aunque intenten negarlo, los créditos de los que habla Orozco en el comunicado nos los darán los hechos. La reflexión, la reorientación y papel de la universidad en la sociedad no se puede discutir sin los estudiantes y sin la academia. Para ello están las aulas, las mesas de trabajo, las asambleas. Es necesario exigir que la propuesta excluyente no sea aprobada el próximo 9 de abril, como hasta el momento parece que va a ser. Por último, si la administración cree que estamos diciendo mentiras, que salga del “P”, que nos hable de frente, no por comunicados o en eventos fuera de nuestra Alma Mater, como la rendición de cuentas que ha anunciado en la Biblioteca Virgilio Barco.
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