Mario Alejandro Valencia, analista económico de Cedetrabajo y miembro de RECLAME, Bogotá, 31 de julio de 2012
Los sectores democráticos en Colombia no hemos planteado que no deba hacerse minería. De hecho no existe un solo país del planeta donde no se realice esta necesaria actividad. La humanidad como la conocemos no existiría sin métodos modernos en agricultura, telecomunicaciones, transporte, vivienda y muchas otras cosas que son la consecuencia de la transformación que el ser humano realiza de su entorno, en la mayoría de casos a través de la minería.
Sin embargo, la minería plantea también una discusión válida sobre las evidentes afectaciones ambientales que se están produciendo. Consecuencias que son resultado de la extracción voraz y descontrolada de los recursos naturales no renovables. El gobierno de Juan Manuel Santos ha llamado a esto “Locomotora Minero-Energética”, abriendo las puertas a la inversión extranjera como actor fundamental en la actividad minera nacional.
El interés de estas empresas no se ha hecho esperar: de la mano de políticas como la confianza inversionista, los acuerdos bilaterales de inversión, los contratos de estabilidad jurídica, las exenciones tributarias que suman 3.8 billones, el 65% de lo que pagan en impuestos, y los TLC, Colombia se ha convertido en un paraíso para las transnacionales de la gran minería, que ven al país como uno de los mejores del mundo para realizar esta actividad. En la actualidad el 71% de la inversión extranjera que ingresa al país se dirige a los sectores extractivos, situación que para Colombia ha significado la pérdida de soberanía sobre sus recursos naturales y enormes conflictos sociales, ambientales, laborales y económicos en las zonas donde tienen presencia las compañías foráneas.
Existe suficiente documentación que lo demuestra. Según el analista Aurelio Suárez, la llegada de estas empresas, por ejemplo en el caso del oro, está relacionado con que este metal es hoy el commodity de más rentabilidad en los mercados bursátiles después del petróleo. Con ganancias exorbitantes, se acrecienta también el apetito de empresas como Anglogold Ashanti, la que posee el mayor número de hectáreas entregadas en concesión para hacer exploración, empeñada en adelantar el proyecto minero La Colosa, en una región con 161 nacimientos de agua.
En este mismo sentido es la persistencia de la canadiense Eco Oro Minerals en extraer el oro del páramo de Santurbán, fábrica de agua para más de dos millones de colombianos. Ahora la acompañan tres compañías canadienses más: Calvista Gold, Galway Resources, Leyhat Colombia y la brasilera AUX Gold. Amenaza que se acrecienta en la medida en que aumenta el precio internacional del oro. Un kilogramo de este metal vale en los mercados internacionales cerca de 56.000 dólares, mientras un kilo de cocaína puesta en México cuesta 28.000 dólares. ¡Saquen sus cuentas!
Un caso igual de indignante es el de Marmato, municipio histórico cuya riqueza aurífera sirvió en la financiación para la construcción de esta república tras la colonia española, hoy amenazado por la ambición de Gran Colombia Gold. Empresa canadiense que cuenta en sus filas con destacados alfiles de los intereses antinacionales como Hernán Martínez, María Consuelo Araujo y Juan Carlos Santos, este último primo del actual presidente de Colombia.
Es necesario mencionar la oprobiosa situación que ya sufren miles de colombianos tras décadas de explotación descontrolada en los departamentos de Cesar y Guajira, las mayores reservas de carbón de Colombia, que al mismo tiempo son dos de las regiones más pobres del país. Prueba contundente de que la gran minería transnacional no está produciendo ningún beneficio. Para colmo, Cerrejón pretende desviar el río Ranchería en Guajira porque debajo de su lecho intenta extraer 500 millones de toneladas de carbón. Corpoguajira ha dicho que el desvío del río significaría su desaparición, situación que se agrava cuando se conoce que éste actúa como barrera natural que impide que el desierto se trague la Sierra Nevada de Santa Marta. De esta magnitud es la justa preocupación de los guajiros, unidos en defensa del Ranchería.
Estos y muchos otros casos deben poner en máxima alerta a los colombianos. La apuesta del gobierno de Juan Manuel Santos es que nuestro territorio se convierta en un “País Minero”, lo cual producirá una afectación irreversible en términos sociales y ambientales. Nunca la diezmada soberanía nacional había estado tan amenazada como en los actuales momentos en que -para desgracia del país- se combina una crisis económica y ambiental sin precedentes, con un gobierno lacayo sin comparación mundial. En respuesta a las necesidades de las potencias mundiales, la clase dirigente colombiana ha permitido una mayor injerencia en sus asuntos internos, a través de estrategias económicas como los tratados de libre comercio y el aumento en la presencia de tropas y la amenaza de bases militares, como quedó advertido con el acuerdo que pretendía instalar al menos siete bases militares estadounidenses en nuestro territorio en el año 2010.
Actuar en las vías democráticas de la protesta y la resistencia civilizada no solo es el camino más evidente, sino una necesidad ineludible para salvar a nuestro territorio y a su población. En este sentido vienen actuando de forma valiente y consecuente las organizaciones que conforman la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Reclame, y decenas de organizaciones a nivel nacional que de forma patriótica actúan para frenar la mal llamada “locomotora minero-energética”.
Junto a la USO, la CUT y Sintracarbón, han comprendido la necesidad de articularse y tener una unidad de acción, y han convocado a la I Jornada Nacional de Movilización: Defendamos la Vida, Frenemos la Locomotora Minero-Energética, que se realizará en las principales ciudades del país y en las zonas de mayor conflicto con la política oficial, el próximo 1 de agosto de 2012.
Más que deber, es una obligación de los colombianos conscientes respaldar esta jornada y salir a las calles a las actividades culturales que están convocadas.
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