Posicionar la Educación Superior como tema prioritario de discusión en la agenda pública del país, era una necesidad de la comunidad académica y la sociedad colombiana. Recientemente un movimiento de indignación en cabeza de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, logró derrotar, con masivas e ingeniosas movilizaciones, el lesivo proyecto de reforma a la ley 30 impulsado por el presidente Santos y la ministra Maria Fernanda Campo, pues en lugar de presentar fórmulas para solucionar la crisis universitaria, buscaba agravar la situación actual con iniciativas como el ánimo de lucro y el cambio de las universidades públicas a mixtas.
La presión ejercida por la comunidad universitaria y diversos sectores sociales, forzó al Gobierno nacional a asumir el compromiso público de no presentar reformas a la educación superior hasta tanto estas no fueran previamente discutidas y construidas con amplitud, participación y pluralidad. Igualmente, el Gobierno se comprometió a salvaguardar las libertades públicas y democráticas de las que gozan las comunidades educativas y demás colombianos, como condición para el buen desarrollo del proceso de construcción de una propuesta alternativa.
De manera desafortunada, Juan Manuel Santos no ha honrado su palabra y el incumplimiento de los compromisos hoy es manifiesto. Diversas actuaciones y medidas que acentúan el marchitamiento de la educación pública, están siendo impulsadas por el presidente a espaldas de la comunidad educativa y sin la prometida consulta ante la Mane.
Recientemente el Sistema Universitario Estatal, SUE, en carta enviada al presidente Santos abogó por una urgente inyección de recursos para el sistema pues en su concepto la crisis financiera del sector se da “por causa del desfinanciamiento estructural” contemplado en la Ley 30. Ante esto la Ministra Campo solo ha atinado a anunciar los $ 2,4 billones de pesos contemplados en Presupuesto General de la Nación para las Universidades públicas que apenas si cubren el 50% de los costos y $150.000 millones adicionales, es decir, menos de $250.000 pesos por estudiante. Situación que se agrava con la meta de crear 660 mil nuevos cupos en educación superior durante el cuatrienio de la unidad nacional (Periódico EL TIEMPO, 26 de julio de 2012), lo cual está en consonancia con otra reforma que realizó de manera unilateral a la Ley 30 de 1992 sobre la educación a distancia. Resulta evidente que la política del MEN continua con la linea del gobierno Uribe y los anteriores, aumento desaforado de cobertura sin preocuparse por la generación de una oferta de alta calidad y excelencia que necesita recursos públicos para sobrevivir.
La Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, y un grupo de científicos y académicos del país enviaron sendas cartas al gobierno en las que afirman, en referencia a la ciencia y a la tecnología, que “no evidencian que la innovación se vaya a fortalecer”. Razón no les falta. En Colombia la inversión para Investigación y Desarrollo es del 0.16% del PIB mientras la Unesco insiste que los países en desarrollo deben invertir el 1% del PIB. Ante esto, la Ministra de Educación reduce el problema a graduar mil doctores por año, así sea en instituciones técnicas y tecnológicas (Ibid).
Nunca antes había sido tan necesaria la inversión pública en la Educación Superior, sin embargo, el Estado ha disminuido en 36% su participación en la financiación de las universidades estatales de 86% en 1992, a menos del 50% para 2012. Estos dineros que antes iban directamente a subsidiar la oferta universitaria, hoy son utilizados para otros fines, y por el contrario el gobierno enfatiza en la fracasada fórmula de incentivar la demanda colocando créditos financieros, tanto para los estudiantes en su matrícula y sostenimiento, como para las instituciones. Disminuyen el presupuesto estatal, obligando a trasladador los costos a familias y estudiantes y después aparece el crédito financiero. Por tanto, presentar como un acto de bondad el interés real igual a cero para los créditos de los estratos 1, 2 y 3, constituye un verdadero engaño del Gobierno Nacional, pues los créditos no solucionan y si agravan la falta de capacidad de pago de las familias ante las ya costosas matrículas universitarias. Lo que busca el gobierno es asegurar la rentabilidad y colocación de los prestamos contraídos con el Banco Mundial en dos fases, la primera (2008-2010) por un préstamo de 300 millones de dólares y la segunda (2011-2013) por 200 millones de dólares.
No menos preocupante resulta la afirmación de la Ministra Campo anunciando que ya no habrá ley de educación superior sino “política”. Esto representa una argucia más para continuar con su agenda mientras la comunidad académica construye una propuesta alternativa y democrática. “No podemos pensar que esto va a ser un proceso de concertación ” (IBID) fue la frase que utilizó la Ministra al referirse al proceso de construcción. Hablarán con todos pero será la derrotada política del gobierno la que guiará el proceso, la cual va a ser sistematizada por el CEIBA, y la que a la postre impondrán por medio de "leyes o decretos". Adicional a esto, la Ministra Campo con particular diligencia se apresuró a rechazar la propuesta de financiación de la MANE, cuestión que resulta extraña teniendo en cuenta que los aportes incluidos en el documento base para la construcción de la exposición de motivos son elementos inacabados que hoy están siendo profundizados en el marco de una construcción programática participativa. Consideramos que este método tiene el claro propósito de restarle la legítima interlocución que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil logró por medio de la movilización de los estudiantes en las universidades y calles de Colombia.
Como un agravante de la situación descrita se observa el ataque a las libertades públicas y democráticas que amerita una denuncia pública, con el fin de que se tomen medidas tendientes a garantizar la integridad de los miembros de la comunidad académica que han sido víctimas de señalamientos y persecuciones durante el transcurso del presente año. Hechos como estos enrarecen el ambiente para la deliberación académica y el debate propio del proceso de construcción de la propuesta alternativa de educación superior que viene desarrollando la MANE. Exigimos al Gobierno Nacional en cabeza de Juan Manuel Santos que garantice la vida e integridad física de los activistas del movimiento estudiantil y de la comunidad académica en general.
Por lo anterior, el Gobierno debe rectificar su actitud antidemocrática, cumplir los compromisos asumidos con la MANE y con el resto del país y respetar la construcción amplia y participativa de una propuesta alternativa que de solución a la crisis universitaria. Llamamos al movimiento estudiantil colombiano a hacer gala de la lección aprendida el año pasado e inundar las calles con movilización plagada de creatividad, argumentos y propuestas para así defender y hacer realidad una propuesta alternativa que derogue de manera definitiva la Ley 30 de 1992.
La MANE reitera su compromiso inquebrantable de avanzar en la construcción de una educación pública, gratuita, democrática, científica y al servicio del pueblo colombiano; una nueva educación para un país con Soberanía, Democracia y Paz. Seguiremos reivindicando el papel crítico y transformador del conocimiento; seguiremos avanzando en la construcción de una ley alternativa de educación superior y seguiremos nuestra lucha basados en la organización y movilización de las masas como herramienta para garantizar el Derecho a la educación para todas y todos los jóvenes colombianos sin distingo alguno.
POR UNA NUEVA EDUCACIÓN
PARA UN PAÍS CON SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y PAZ
!VIVA LA MANE!
Comisión Nacional de Voceros
Mesa Amplia Nacional Estudiantil
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