Mientras el gobierno Santos trata de demostrar la “imposibilidad” de aumentar en un billón de pesos el presupuesto de las universidades públicas para el 2013, como lo exige la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE ante la cada vez mayor asfixia económica, se conocen casos cada vez más aberrantes de contratos leoninos en exclusivo beneficio de las multinacionales, demostrando que este es un gobierno cicatero con los derechos de la población pero dócil y alcahueta con el capital financiero. En tanto, la crisis derivada de la falta de recursos es cada vez más aguda, al punto de no garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo de la vida académica.
Atendiendo las recomendaciones del Banco Mundial y el FMI que plantean como fórmula "Cambiar de forma gradual la asignación de recursos por el mecanismo de créditos blandos a través del ICETEX y las entidades financieras. Es decir, que el subsidio se dé al estudiante y no a la universidad"[1], el gobierno se ha enfocado en aumentar el incentivo a la demanda y no a la oferta. Así, la universidad pública ha sido sometida al congelamiento en pesos reales de su presupuesto vía ley 30 y el Estado no ha girado los recursos necesarios, desconociendo que los costos en educación son marginalmente crecientes ante las demandas de cobertura, infraestructura, dotación, cualificación docente etc. El Sistema Universitario Estatal, SUE en un importante documento presentado el 1 de agosto llamado “Estudio de la financiación de la educación superior” calculó en aproximadamente 11.2 billones de pesos las necesidades no asumidos por el Estado con las universidades para su desarrollo, lo cual no es otra cosa que el déficit acumulado por 20 años de ley 30.
Esta grave realidad de las instituciones educativas se evidencia en las pésimas condiciones en las que se desarrolla la vida universitaria. Para el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, el déficit llegó a ser de más de 10 mil millones de pesos. Se ha venido reduciendo, pero haciéndolo recaer sobre la comunidad universitaria, víctima de los “planes de austeridad” de la administración. Del presupuesto general de 82.243 millones de pesos para el 2012, el 37% es de recursos propios y el 63% aportes de la nación. A pesar de que estos montos están por debajo del promedio general, la grave situación de la UPN quedó al descubierto el pasado 13 de septiembre, cuando los estudiantes con discapacidad de la universidad se vieron obligados a protestar ante la denigrante situación a la que han sido sometidos. Solo la protesta de ese día logró que la administración atendiera sus justas peticiones y resolviera parcialmente algunos de sus problemas, pero aún falta mucho más.
El pasado 10 de septiembre, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera envió un memorando (VAD-500) a la Oficina de Desarrollo y Planeación señalando las graves condiciones de desfinanciación en las cuales se encuentran los distintos procesos de los cuales se encarga. Como es sabido, la apropiación para la vigencia 2012 resultó ser insuficiente por nuevas necesidades de la institución así como por el traslado de recursos para suplir otros gastos. Entre las principales preocupaciones se encuentra la desfinanciación en algunos rubros de pago de nómina de docentes y administrativos de y se solicita estudiar la capacidad de pago para los profesores de cátedra y ocasionales hasta la presente vigencia. La asignación en temas tan elementales como la impresión de diplomas, boletines y comunicaciones, entre otros, se encuentran desfinanciados. No existen recursos para pagar el arrendamiento de la sede de posgrados después de octubre. Así mismo señala: “Es necesario prever el cierre de calendario académico en cuanto a salidas de campo.” En resumen, se han atendido otras responsabilidades con los rubros de funcionamiento.
Se suman a lo anterior las denuncias por falta de salones en licenciaturas como artes visuales y filosofía. Otras quejas aparecen por el traslado permanente a salones alquilados de otras instituciones. El hacinamiento es generalizado en las carreras. La “casita de biología”, necesaria para el desarrollo de esta licenciatura, amenaza con caerse, los docentes de planta cada vez son menos, el sistema de bienestar universitario a pesar de recuperar unos “pocos desayunos” aún es bastante insuficiente, la cafetería permanece cerrada como si no hiciera parte de la universidad, después de más de 5 años no se vislumbra una salida clara a la construcción de Valmaría donde solo funciona la Facultad de Educación Física, en fin, sería interminable señalar la cantidad de problemas que agobian a la educadora de educadores.
Es un hecho que esta situación se repite en las 32 universidades públicas del país, por supuesto con las respectivas particularidades en cada una. El deterioro es producto del abandono estatal, por la aplicación de la política neoliberal que hoy tiene en Juan Manuel Santos y la ministra María Fernanda Campo a sus alumnos más aventajados. Su propuesta de reforma busca configurar una educación para el mercado que se ate a las necesidades de los Acuerdos de Libre Comercio, a la consecución de mano de obra barata y a sustentar un modelo de desarrollo basado en la reprimarización de la economía, para satisfacer los apetitos del capital financiero internacional en desmedro de la soberanía nacional. Para eso necesita un sistema de educación que avance por los rieles de sus locomotoras, así estas condenen al país a un perpetuo atraso. Así mismo, no hay que olvidar que la lógica del lucro y la privatización tienen fuerte presencia en el gobierno de Santos, el cual retomó como principio en su Plan de Desarrollo, “el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”, lema que devela su carácter entreguista.
Exigir un cambio en el modelo de educación superior es la obligación de los estudiantes y del pueblo colombiano. Los objetivos: echar para atrás el incentivo a la demanda y fortalecer la oferta pública mediante la financiación total del Estado, garantizar el acceso y la permanencia en las instituciones con programas universales de bienestar universitario, recuperar la autonomía de las comunidades universitarias, promover programas e investigación de alto contenido académico y científico al servicio del desarrollo del país, brindar garantías laborales para docentes y trabajadores con salarios justos, fortalecer los lazos y la misión social de la universidad, entre otros. Todos ellos hacen parte de las más sentidas reivindicaciones de los universitarios colombianos y se resumen en la propuesta de la MANE.
La universidad es un centro de lucha de ideas. No basta con indignarnos. La invitación es a romper con la apatía, a que de manera masiva nos organicemos y fortalezcamos los escenarios de discusión, construcción y movilización de la UPN que nos permita recoger los aportes nacionales y nutrirlos con las propuestas locales. El pasado 9 de septiembre, la MANE sancionó la exposición de motivos para la reforma alternativa. Para el 2013 vamos por un billón más y a luchar por la propuesta que vamos a presentar. Los estudiantes le estamos cumpliendo al país. El próximo 17 de octubre presentaremos en una jornada nacional de movilización el borrador de propuesta.
Tumbamos la reforma, la lucha no termina,
Estamos construyendo reforma alternativa.
Por una educación para un país con soberanía, democracia y paz,
¡Viva la MANE!
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