Por: Susana Noguera
Creo que se puede definir como un estado de “shock”. Mientras caminaba por los edificios decaídos de la Universidad Nacional sentía una intensa sensación de asombro. No a causa del patético estado de la infraestructura de la universidad, ni tampoco por las estrafalarias criaturas con las que me había encontrado; estaba procesando una gran cantidad de cifras, fechas, datos, nombres de ministros y entidades internacionales, que le había pedido a Sergio Fernández, quien actualmente cursa maestría en derecho en la Nacional, en la que escogió la educación y el TLC con Estados Unidos como temas para su trabajo de grado, lo cual resulta bastante conectado con su trabajo como uno de los voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE).
Por su forma de vestir le pondría 19 años, por su rostro 26 y por la forma de expresarse 38. Un ser humano excepcional, soñador, gracioso, idealista, inteligente y hablador, muy hablador. Después de casi dos horas de entrevista seguía conversando y explicándonos sus opiniones acerca del gabinete de Santos y las diferencias entre éste y Uribe, los rectores de las universidades y las razones por las que habían tenido que cerrar la facultad de arquitectura en una de las universidades más importantes de Colombia.
“Cualquier costo en la lucha por un futuro digno es bajito; porque llegamos al punto en que ya casi no hay nada que perder” me había dicho con la mirada perdida, como recordando los eventos de hace ya casi un año, cuando la MANE organizó un paro nacional en el cual participaron 31 de las 32 universidades públicas del país. Los habían amenazado con cancelarles el semestre pero prefirieron “perder un semestre de universidad, que la universidad en un semestre”.
¿Cuál es el problema que tiene la educación superior en el país?
La educación tiene una característica que la diferencia de otros servicios y es que tiene unos costos marginales exponenciales, esto quiere decir que no se reduce el costo en relación con la cantidad, no me vale menos el segundo estudiante que integro al sistema que el primero, sino que me vale exactamente lo mismo. El problema es que los costos marginales crecientes no han sido cubiertos por el estado, la oferta educativa se ha mantenido congelada, es decir hay los mismos cupos que hace 10 años, pero sí se incentiva la demanda prestándoles plata a los estudiantes. ¿Qué pasa cuando hay mucha demanda y poca oferta? Lo que se sacrifica es la calidad, y obviamente este aumento de cobertura no es a costa de las universidades privadas. Esta demanda va a ser equilibrada sacrificando la calidad de las públicas y con instituciones de garaje.
¿Cuál cree que fue el mayor error en el que incurrió la reforma a la ley 30 que planteó el gobierno?
Lo más grave que ha firmado Colombia en toda su historia es la cláusula de expropiación indirecta. En ella se estipula que las matriculas de las universidades podrían aumentar por encima del Índice de Precio al Consumidor (IPC) lo que quisieran. Eso es muy grave para todos los estudiantes, los de privadas y públicas.
Además de ese el gobierno incurrió en vario errores, entre ellos, no consultó con los estudiantes ni la comunidad académica. Todo el contenido de esa reforma había sido tratado y acordado en TLC con EEUU, no es casualidad que la reforma se haya metido al congreso el mismo día que Barack Obama firmaba el tratado. Tampoco es casualidad que el que negoció el TLC en materia de educación superior fue Javier Botero, el mismo que es hoy viceministro de educación superior.
En la nueva ley 30 se desarrollaba una de las cláusulas del TLC que estipulaba que el estado no podría beneficiar a los proveedores colombianos por encima de los extranjeros, es decir que no les podría brindar subsidios y ese tipo de ayudas. También se proponía rebajar el apoyo que da el estado a la universidad pública por estudiante de 3 millones 500 mil pesos a 500 mil pesos. Era una condena a muerte a la universidad pública y, después de decir que no había plata para las universidades públicas, proponía que, de recursos del erario público, de los impuestos de los colombianos, se financiasen las universidades privadas.
¿Por qué cree que el gobierno sigue empeñado en hacer la reforma a la ley 30 a su manera?
La reforma no se la inventó María Fernanda Campo, ni Santos en un golpe de ingenio, es una exigencia directa del TLC entre Colombia y EE.UU. El problema de fondo es que en Colombia se gobierna para intereses foráneos. ¿A quién va a beneficiar la reforma que propone el gobierno? A las multinacionales de la educación que quieren entrar al país y al capital financiero internacional, quienes se benefician de los préstamos. En la reforma aparecían propuestas como la universidad de carácter mixto. Esa es una exigencia que hizo EE.UU. Abrirle la puerta a la esa clase de universidades significa abrirle la puerta a cualquier cosa.
Me dice que la reforma a la ley 30 que proponía el gobierno era una exigencia del TLC con EE.UU., este ya se firmó…
Sí, pero para que tenga vigencia, el país tiene que hacer unas reformas a las leyes nacionales. El debate radica en si nosotros podemos lograr que las fuerzas democráticas del país le tuerzan el cuello al tratado de libre comercio. Este no es un tema normativo, no es que como la norma ya está entonces tocó así, es un tema eminentemente político. Por eso nuestro objetivo es una propuesta con un contenido político diferente que contravenga el TLC, el neoliberalismo.
Me dice que quiere contravenir el neoliberalismo imperante en Colombia ¿usted se considera con un pensamiento de izquierda?
Yo soy miembro del Polo Democrático Joven.
¿Cree que este pensamiento afecta de alguna forma las propuestas de la MANE?
La MANE no propone una universidad de izquierda. Yo soy enemigo de que la universidad tenga un carácter confesional, el que sea. En la universidad debería primar la libre expresión de ideas, que sea la correlación de fuerzas académicas. No puede ser a decreto que se defina los pensamientos de las universidades. Ésta es una organización de pensamiento democrático. Lo que hemos dicho es que uno no pertenece a la Mane sino que participa de la Mane. Lo que queremos es una educación completamente gratuita, de alta calidad que en materia artística, científica y humanística cuente con los más altos niveles. Además necesitamos educación con bienestar universitario porque es una condición para el desarrollo de las comunidades académicas. También creemos que la necesidad de las libertades democráticas dentro de la universidad es una obviedad, pero en Colombia toca decirlo.
Puede que haya gente que piense que las consideraciones de la Mane son de derecha o de izquierda, pues bien por ellos.
¿Cómo se está construyendo una nueva reforma por parte de ustedes?
Desde la MANE estamos construyendo democráticamente en varias universidades la exposición de motivos, es decir, las razones políticas, técnicas y jurídicas de por qué es posible y necesario otro nuevo modelo de educación superior. La idea es que todo mundo participe.
Los próximos 7,8 y 9 de septiembre nos vamos a reunir para finiquitar ya esa fase, luego esto se convertirá en un articulado y se presentará al país en octubre.
¿En qué fecha exactamente?
12 de octubre.
¿Qué metodología están utilizando para construir la reforma?
Primero realizamos un encuentro programático a nivel nacional, que tenía como propósito llevar propuestas sobre calidad, autonomía, financiación, libertades democráticas, relación de la universidad con la sociedad, entre otras. Posteriormente, todo eso fue sistematizado e hicimos tres encuentros multiestamentarios con profesores, rectores y estudiantes. En esto han participado universidades públicas y privadas e instituciones técnicas y tecnológicas. Esperamos finalizar ese proceso este 12 de octubre.
¿Qué incluye el programa mínimo del movimiento estudiantil?
Estamos en contra del TLC, queremos calidad, gratuidad y bienestar en las universidades, y además defendemos las libertades democráticas.
Pero, viendo la situación económica actual del país y del mundo, ¿no cree que es un poco irrealista la propuesta de que la educación sea completamente gratis?
La gratuidad no es un capricho que se nos ocurrió a nosotros, es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque es una condición para el desarrollo. Todos sabemos que la educación cuesta, y la educación superior de alta calidad cuesta mucho por eso la única fuerza capaz de garantizar esa educación de calidad que necesitan los ciudadanos del tercer país más desigual del mundo, en el que 1 de cada dos ciudadanos vive en la pobreza, es el Estado Colombiano. Ese es un argumento histórico, así se desarrollaron las economías de los países desarrollados. Entonces necesaria, sí es.
¿Factible? Hemos hecho algunos cálculos para llegar a una conclusión: actualmente el gobierno pone uno de cada dos pesos q necesitan las universidades públicas. Para 32 universidades el gobierno invirtió 2.2 billones de pesos en año pasado, para conseguir el otro peso que les hace falta, las universidades se están vendiendo. Para que las universidades siguieran como van, pero totalmente financiadas por el gobierno, este tendría que invertir 4.4 billones de pesos. Pero si queremos que la educación mejore la inversión tendría que llegar a los 9 billones de pesos. Eso es apenas el 1,4 % del PIB, el promedio de lo que pagan los países en desarrollo en educación.
¿Han tenido algún acercamiento con el gobierno para poner en su conocimiento la propuesta que tienen ustedes?
Hace unos meses nos reunimos con la Ministra y el Viceministro para plantear la metodología de la Mane y le hicimos unas exigencias con respecto a las libertades democráticas dentro de las universidades, porque ha habido muchas amenazas contra integrantes de la Mane y el silencio del gobierno al respecto es sorprendente. En esa reunión dijo que iba a respetar la metodología de la Mane.
Hay rumores de que la reforma igual se llevará a cabo pero en decretos pequeños…
Hace unos meses la ministra anunció que a reforma va a ser llevada a cabo como política pública, es decir, en forma de decretos. Había un acuerdo tácito de que no se iba a reformar la educación entretanto no hubiera acuerdos al respecto, pero ahora se burlaron esos acuerdos.
Para eso se llevó a cabo la movilización el 5 de sept. Queríamos denunciar dos decretos que intentaron adelantar que van en contra del bienestar de los estudiantes colombianos. El primero permitía que instituciones técnicas y tecnológicas brindaran cursos de Doctorado, y la otra que quería reglamentar la educación a distancia. Respecto a la segunda yo pienso que están intentando abrirle la puerta a las universidades estadounidenses, el problema con esto es que acá no va a llegar Harvard, toda la educación que le ofrecerán a los colombianos será a distancia o comprando universidades ya existentes, como la Universidad de Withney que compró el Politécnico, y la pregunta es ¿qué clase de educación le van a brindar estas instituciones a los hijos de Colombia?
Pero la universidad nacional también recibe dinero de entidades privadas…
Eso es diferente. La universidad, en el marco de su autonomía, puede hacer acuerdos de cooperación, investigaciones y extensión con la empresa privada. Eso sí, una cosa es que una universidad bien financiada y autónoma decida un acuerdo o una investigación con una empresa privada, porque así lo quiso y otra es la decisión de una universidad agobiada por el peso económico que no tiene otra opción que escoger la opción remunerada.
¿Y los recursos que la ministra Campo había dicho que se le asignaron a las universidades públicas?
¿Cómo es posible que la ministra saque pecho diciendo que el gobierno va a aportar 150 mil millones cuando estudios de la Asociación Colombiana de Universidades (SUE) dicen que solo para infraestructura hace falta un billón de pesos? ¿Cómo puede no sonrojarse si sabe que esa plata es como pañitos de agua caliente sobre la frente de un moribundo? Hay que decirle a la ministra que divida esos 150 mil millones en 600 mil estudiantes que estudian hoy en universidades públicas. Entonces se dará cuenta que le da más o menos 200 mil pesos por estudiante. Ahí no hay nada que celebrar.
¿Cederían en algunos puntos de su propuesta para lograr un consenso con el gobierno?
Habrá que mirar cuales son las cuestiones que no son de principio. Hemos dicho que bajo ninguna consideración aceptaríamos que las universidades públicas se puedan convertir en instituciones mixtas. ¿Por qué? En Casanare tenemos un claro ejemplo. A pesar de que en la ley 30, vigente actualmente, proscribe la existencia de universidades mixtas en Casanare existe, la Universidad del Trópico en la que el gobierno pone 6 mil millones de pesos y unos cuantos accionistas ponen de a un millón de pesos cada uno y con eso se hacen acreedores a los mismo derechos que el representante estudiantil, lo gobernadores y los miembros de consejo superior. Por eso no es negociable. Le hemos dicho a Santos ni se le ocurra decirlo.
Qué es lo que los impulsa a seguir adelante siendo que no tienen respaldo económico, cuando muchas de las fuentes oficiales los desacreditan aun cuando han recibido amenazas contra su propia vida… ¿Qué es lo que los mantiene en la lucha?
Los jóvenes colombianos hemos naturalizado la realidad. Por mucho tiempo pensamos que el país era así y que no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Pero ahora nos dimos cuenta que este modelo económico y sistema de educación no le ofrece ningún futuro a los hijos de Colombia, es decir, a mis hijos y a los suyos. Por eso cualquier costo en la lucha por un futuro digno es bajito; porque llegamos al punto en que ya casi no hay nada que perder. Si esa reforma se hubiera llevado acabo no habría universidad que pelear, ya se acaba todo, como dicen: “apague y vámonos”. Hubiéramos fracasado, habríamos pasado a la historia como la generación que no estuvo al nivel del compromiso que le impuso su realidad. Por eso decidimos seguir hasta las últimas consecuencias.
De estas y muchas otras cosas, de las tantas que me dijo Sergio Fernández, me acordé mientras llegaba a mi casa. El debate continúa y la pregunta que queda: ¿es la educación un derecho fundamental?
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