La vena rota

“Entre las estrategias de las compañías mineras, reposa la de recuperar prestigio a través de convenios con reconocidas universidades que, más allá de dividendos económicos, las impregne también de una especie de licencia académica”

Por:  Duberney Galvis Cardona*
Hasta la fecha la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), ha firmado cuatro contratos de prestación de servicios con la minera canadiense Seafield Resources, ubicada en Quinchía, Risaralda. El carácter de los convenios impide que se salvaguarde el carácter público de la institución y transgrede los principios universales de la investigación universitaria estatal. Se hacen recurrentes los intentos de las mineras para irrumpir en la academia en busca de prestigio.

Los presentes convenios entre la UTP y la multinacional Seafield Resources, van desde ocurrentes contratos para sembrar plántulas de mora, hasta caracterizaciones biológicas de las fuentes hídricas en las áreas de influencia de la minera. El monto de los convenios ronda los 500 millones de pesos.

Los agravantes del tema, sin que sean los únicos, radican en primer lugar en la naturaleza de la compañía, la cual heredó el proyecto de la Kedada S.A, filial de la AngloGold Ashanti; de ambas son conocidos sus antecedentes. La Seafield tiene distintas denuncias por los impactos negativos sobre aspectos sociales, económicos y ambientales en la población de Quinchía. Varias de conocimiento público como las concernientes a la captación masiva de agua potable del municipio, con destino a las actividades de la minera en la zona del proyecto de Miraflores, así como el daño sobre algunas microcuencas que surten de agua a los acueductos comunitarios.

Al igual que lo sucedido en la Universidad de Caldas con el fallido intento de la AngloGold, llama la atención una cláusula que obliga a las partes (la UTP como contratista) a “mantener estricta confidencialidad…en general, sobre toda clase de información que se pueda obtener por las PARTES en la ejecución del contrato” la acción cobija los resultados los cuales “son de propiedad exclusiva de la COMPAÑÍA”.

Luego esa confidencia se traga la llave para resolver la duda acerca de las consecuencias que, sobre la población traiga la aplicación de medidas directas y derivadas de la investigación y los resultados; la institución estaría poniendo en la ruleta del capital trasnacional, sus principios fundacionales del “rigor científico al servicio de la humanidad”.

Se cuelga a la exposición el hecho de que uno de los contratos establece la celebración y financiación de un diplomado. De esta forma se materializa a pedazos la idea de la universidad mixta dedicada a vender educación, siendo éste uno de los capítulos que mayor indignación causó en el movimiento universitario que hizo derogar la pretendida reforma a la ley 30.

También es cierto que entre las estrategias de las compañías mineras, reposa la de recuperar prestigio a través de convenios con reconocidas universidades que, más allá de dividendos económicos, las impregne también de una especie de licencia académica. En el país ya ha habido intentos como el de la AngloGold Ashanti en las Universidades del Tolima UT, y la U de Caldas, los cuales fueron rechazados por el Consejo Superior de la UT, y reversados como en el caso de la de Caldas, merced de la movilización civil y masiva de la comunidad universitaria. De modo que lo que enfrentamos en la UTP es otro intento de las mineras para romper la vena de la academia.

Frente a todo lo anterior queda claro el deterioro de la responsabilidad social de la universidad. Bajo la orientación del actual rector Luis Enrique Arango, a la hora de tomar decisiones, se permutó el acatamiento de los principios, por el sometimiento de estos al lucro individual. La UTP ha tendido un canal hacia la corriente del sector financiero, en el que no operan o se hacen espuma los filtros académicos.

-El menoscabo incluso trasciende el tema de la mega minería, ¿qué ocurre si mañana llegan los monopolios de los transgénicos o los farmacéuticos?

Tampoco se trata de inventar la bombilla cuando ésta ya existe. Basta con mirar en Latinoamérica para hallar casos como el de Argentina. Allí tuvo lugar un nutrido debate por todo el país acerca de los “fondos mega mineros”, que por ley debían designarse al Sistema Universitario Estatal como distribución de las utilidades producto de la explotación del yacimiento de La Alumbrera. Al final quedó claro que el ingreso de capital extranjero al proyecto, que en su origen se concibió como una sociedad nacional entre la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y Estado [1], derrumbó todo lo construido por el esfuerzo de la nación. Frente al caso queda en evidencia que la espoleada aventura de la UTP, de entrada, parte por el lado más descompuesto del asunto.

 Teniendo en cuenta estos aspectos, además de mi amplio conocimiento de la población de Quinchía, donde se ubica el proyecto Miraflores [2] de propiedad de la minera Seafield Resources; concluyo solicitando a las directivas de la universidad cancelar los convenios. Al tiempo propongo que se desarrollen los proyectos necesarios, de la mano de toda la comunidad universitaria y las instituciones del Estado, para trabajar democráticamente con los mineros y demás población de Quinchía. Cuenten con la certeza de que allí serán muy bien recibidas las intenciones por desarrollar programas productivos y demás estudios de investigación universitaria.

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[1] Empresas mega mineras y universidades: YMAD y la distribución de fondos al sistema universitario nacional.[2]www.sffresources.com

*Documento base del pronunciamiento del representante de los estudiantes ante el Consejo Académico de la UTP,en ocasión del ingreso de la megaminería a la universidad.