Así se consigna en el borrador de proyecto de ley que quedó listo en enero pasado y que tendrá algunos cambios hasta el 21 de abril cuando se espera que den a conocer el documento final y lo lleven a concertación con el Gobierno Nacional. 
El vocero de la Mane, Sergio Fernández, en diálogo con Colprensa explicó algunos de los aspectos más novedosos del proyecto borrador. 
-El artículo noveno establece la gratuidad de la educación superior pública lo que sería un cambio de modelo. ¿En qué se basa la propuesta? 
Es gratuidad con calidad, siempre ligadas. El derecho a la educación contiene tres elementos: el acceso, la permanencia y la calidad. El acceso es la gratuidad, que en las instituciones públicas el Estado garantice los costos de matrícula para que las barreras económicas no constituyan un óbice para quienes quieran acceder a la educación superior. 
La permanencia tiene que ver con las condiciones y las garantías materiales para que los estudiantes puedan culminar con éxito sus carreras. Eso quiere decir bienestar universitario. Los rectores del Sistema Universitario Estatal, SUE, han estimado en 218 mil millones de pesos, acumulados desde 1992, las necesidades en materia de bienestar. Y en el tema calidad, se trata que existan profesores de tiempo completo, que el 70 por ciento de ellos tenga formación doctoral, que la universidades no se caigan a pedazos como la Universidad Nacional que tiene el edificio de arquitectura cerrado y eso tiene un costo de 11 billones de pesos. 
-Estamos hablando de una implementación gradual… 
Por supuesto. Pero eso no quiere decir que la inyección de recursos no deba empezar a crecer de manera exponencial. Actualmente, el Gobierno Nacional invierte solamente el 0.42 por ciento del PIB en las instituciones de educación públicas. Esa es una cifra irrisoria y nos deja muy por debajo de países similares a Colombia. 
–Otro aspecto novedoso del proyecto es un impulso amplio a la investigación y que los resultados de las mismas no sean restringidos sino de licencia libre. ¿Por qué? 
La investigación como la extensión de las Universidades Públicas debe estar financiado plenamente por el Estado. ¿Qué pasa cuando la universidad está marchita financieramente? Que esos aspectos dejan de constituirse como herramientas para extender el conocimiento y se convierten en mecanismos para conseguir nuevos recursos. Entonces no importa el contenido ni el alcance de la investigación sino que consiga recursos. Así se ha convertido en investigación remunerada para que las universidades se conviertan en un vehículo de lucro de la empresa privada. 
-¿Y las patentes?
 La propuesta es que el Estado debe garantizar recursos en la investigación y que el producto de estas debe ser de uso libre por parte de la comunidad universitaria. La educación es un derecho fundamental y un bien común y eso quiere decir que el conocimiento no puede ser apropiado privadamente. Es una propuesta que va radicalmente en contra de los tratados de libres comercio que pretenden patentar el conocimiento. Si la empresa privada quiere estar, bien, pero también si una comunidad de campesinos quiere hacer uso de esas investigaciones, que lo haga. 
-¿Qué cambios se proponen en materia de aseguramiento de la calidad? 
Actualmente el Gobierno Nacional no asegura la calidad, lo que tiene son mecanismos para orientar los contenidos de las universidades. Por ejemplo, la prueba SaberPro determina en últimos los contenidos que deben dictar en las carreras y las universidades que les vaya mal no queda acreditada y tiene que enseñar entonces lo que dice la prueba. La autonomía académica tiene que ver que las comunidades se blinden de la imposición de poderes ajenos a la universidad y que ella pueda ejercer ellas mismas su rumbo académico y su destino. La propuesta es que las comunidades universitarias definen sus necesidades y el Gobierno evalúa si las cumple o no y si no lo hace debe garantizarlas. 
-¿Cómo cambia la participación de los docentes y los estudiantes en el rumbo de la universidad? 
La autonomía universitaria tiene diversas formas de aplicarse dependiendo de si es una institución técnica, una universidad privada o una publica. Sobre la pública la apuesta es el co-gobierno. Actualmente, el Gobierno nacional impone la mayoría de los consejos universitarios, son agentes externos dictando la política de la universidad. Es innegable que en las universidades públicas no hay ni autonomía ni democracia. La mayoría debe estar compuesta por estudiantes, trabajadores y docentes. Ello no niega que haya participación del Estado. 
-El artículo 54 de su propuesta afirma que no habrá intermediación en la forma como se entregan los recursos a las Instituciones. ¿Cuál es el fundamento de esta idea? 
Actualmente se ha venido aplicado un mecanismo perverso de asignación de recursos. Por ejemplo, se entrega al Icetex y este, sobre la base de unos criterios que define el Gobierno, asigna recursos. Entonces impone metas. La universidad que aumente la cobertura es la que va a tener plata. Ese condicionamiento es indebido y viola flagrantemente la autonomía universitaria por que no tiene que ver con las necesidades de la misma. 
-¿Considera que un proyecto así puede ser aprobado en el actual Congreso? 
Lo que la Mane ha decidido es que el 21 de abril cuando salga el documento final, el de hoy es un borrador susceptible a mejoras, propuestas, criticas, convocará a un proceso de diálogo con el Gobierno Nacional para mirar las garantíasde un proceso de concertación. Nosotros tenemos absolutamente claro que cualquier proceso debe ser acompañado por enormes movilizaciones, ríos de gente en todo el país. Si no es con movilización no hay opción de nada. 
RECUADRO
EN SUS PALABRAS 
“Artículo 9. Gratuidad: Afirmar que la educación superior es un derecho fundamental y un bien común implica que el Estado colombiano debe asumir la total responsabilidad de la financiación del Sistema de Educación Superior Estatal, favoreciendo el financiamiento a la oferta y no el incentivo a la demanda, para fortalecer así la Educación Superior Pública Estatal, propendiendo ésta sea gratuita y universal en su totalidad. La Educación Superior como derecho fundamental deberá ser, por tanto, gratuita en las IES públicas estatales” 
“Artículo 15. Investigación: La Investigación, como fin misional de la educación superior y del SES en su conjunto es un proceso riguroso, sistemático y crítico de construcción y generación de conocimiento, de innovación y/o renovación en los campos de la ciencia, la técnica, la tecnología, las artes, la filosofía, las humanidades y los saberes propios. La investigación debe poder realizarse en cada IES y en todas sus modalidades. Los resultados de la investigación serán entendidos como un bien común de la sociedad y la comunidad educativa. 
“Artículo 27: Del Subsistema Nacional de Bienestar Educativo: El bienestar Educativo debe tener una política nacional que estará orientada por el Subsistema Nacional de Bienestar educativo, respondiendo a las condiciones concretas de la comunidad educativa de cada una de las IES sin desconocer su autonomía. Estas políticas propenderán por garantizar acceso, permanencia, cobertura e integralidad” 
“Artículo 57. Gratuidad: El Estado debe garantizar la gratuidad en el Sistema de Educación Superior público. Parágrafo: La gratuidad supone elementos adicionales a la matrícula cero, como lo son las condiciones de permanencia, ampliación de la demanda educativa, cualificación docente, investigación, proyección social, infraestructura física, mantenimiento y sostenibilidad, aseguramiento de la calidad educativa, servicios y sistemas de conectividad, aulas, TIC’s, programas de bienestar y recursos bibliográficos.” 
“Artículo 58. ICETEX: Esta entidad debe funcionar conforme a los siguientes criterios y teniendo en cuenta que por ningún motivo debe tener ánimo de lucro: b. Todos los préstamos del ICETEX tendrán tasa de interés igual a cero”. 
Publicada por
COLPRENSA, BOGOTÁ

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