Sobre “LAS ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN DE LAS MATRÍCULAS A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA”

OCE, Universidad del Tolima, 12 de Octubre de 2010

A inicios del semestre B de 2010, cuando aún la comunidad universitaria se encontraba en receso académico, la Vicerrectoría Administrativa de la universidad publicó el penoso anuncio de negar a partir de la fecha la financiación de las matriculas de los estudiantes directamente con el alma máter; un letrero versaba específicamente que “la universidad como institución encaminada a la producción de conocimiento y cultura para formar profesionales, no puede financiar costos de matrículas a estudiantes, pues ello ha venido generando año tras año saldos significativos por concepto de deudas en la prestación de servicios educativos; máxime si se tiene en cuenta que el Estado colombiano ofrece oportunidades a estudiantes de bajos recursos por intermedio de entidades crediticias para educación como el ICETEX", la arbitraria eliminación de la financiación de las matriculas; derecho adquirido con el esfuerzo del estudiantado en 2004 mediante acuerdo 002, consideró básicamente tres puntos: El Plan De Desarrollo de La Universidad del Tolima que incluía la política de ampliación de cobertura, la difícil situación económica del país y garantizar la retención de estudiantes en los programas académicos, lo anterior permitió a una parte de la comunidad estudiantil que NO contando con los recursos económicos en las fechas estipuladas para matrícula financiera culminaran estudios de pregrado. Para entonces el consejo académico autoriza al consejo superior establecer alterativas de financiación de las matrículas a los estudiantes de la Universidad. Hoy dicho acuerdo ha sido abolido por las directivas de la Universidad con base en un concepto proferido por la Contraloría General del Departamento en auditoría de los estados contables (2009) de la UT, el pronunciamiento de dicha entidad gubernamental, citado arriba, surge a raíz del control sobre dineros públicos de las entidades territoriales, por tanto es menester de la administración de la Universidad darle salida concreta al acrecentamiento de una cartera de $516.857.453 (dato entregado por la oficina de liquidación de matriculas presencial-distancia) desde que dicha figura, de financiación a estudiantes directamente por la Universidad, empezó a funcionar para presencial y distancia.

En uno de los apartes del documento expedido por la Contraloría se lee: que dentro de la información requerida por la Comisión de Auditoría a la Oficina de Liquidación de Matrículas, no se allegan fotocopia de los Actos Administrativos por el cual se establecen las disposiciones para el pago de las mismas a estudiantes y/o financiación de éstas, que cubran las vigencias 2003, por lo cual esta Contraloría presume que no existen, lo que conlleva a deducir que la universidad no soportó legalmente los referidos créditos[1]. De lo anterior penosamente se aduce que el manejo incorrecto de cartera por Vicerrectoría Administrativa para con el seguimiento y cobro a los estudiantes deudores, desemboca en una situación agraviante para un sector importante de la población estudiantil que veían en una financiación directa con la Universidad un medio sencillo para culminar sus estudios de pregrado.

Inevitablemente esta situación particular de la universidad más importante de la región es el reflejo del curso de la Educación Superior en el país, la reforma de la ley 30 impulsada por el gobierno nacional en cabeza del MEN (Ministerio de Educación Nacional) no repara en apuntalar la privatización del patrimonio que representa para Colombia la Universidad Pública. El pasado abril 12 la saliente Ministra Cecilia María Vélez White, radicó en el Senado de la República el proyecto de ley por la cual se modifica el esquema de financiación de la Educación Superior, definido en la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones. El interés de reformar los artículos 86 y 87 sobre el régimen financiero, recaen en instaurar el modelo de la “autofinanciación” que hasta ahora se fortalece a pasos agigantados al interior de la Universidad, por cuenta principalmente de las transferencias del Gobierno Nacional a las universidades públicas llevan más de una década congeladas.

La intención del anterior esbozo guarda la pretensión de excitar la disconformidad estudiantil, para que trascienda de la denuncia y alcance la acción. por esto del Encuentro Nacional de Representantes estudiantiles realizado el pasado fin de semana, se convoca a una GRAN MOVILIZACION NACIONAL,el proximo Miercoles 20 DE OCTUBRE, en contra del proyecto de reforma a la ley 30, día que inicia en el congreso la discusion sobre el presupuesto nacional.

¡CONTRA LA PRIVATIZACION Y EL DETRIMIENTO DE LA EDUCACION PUBLICA SUPERIOR, ORGANIZACION Y LUCHA!

¡TODOS A DEFENDER LA UNIVERSIDAD PÚBLICA COMO PATRIMONIO DE LA NACIÓN!

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[1] CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO. Proceso Auditor. Informe definitivo de Auditoría Financiera a los Estados Contables Universidad del Tolima Vigencia 2009. Pág. 28