Ponencia de Juan Sebastian López Mejía, vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en el foro - debate público con el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación. Universidad Externado de Colombia, 16 de Mayo de 2012.
EXCELENCIA ACADÉMICA PARA UN PAÍS
Soberano, Democrático y en Paz
EDUCACIÓN MEDIOCRE PARA UNA ECONOMÍA MEDIOCRE
Desde la aparición del fuego, la rueda, la electricidad o el ipad, el ser humano ha evolucionado de la mano del trabajo y la educación. La historia del hombre es la historia de la transformación de la naturaleza a partir del conocimiento de la misma y para la solución de los problemas de la sociedad. Por esta razón, es necesario que el Estado entienda que el proceso para construir un celular o un computador requiere de educación mas cualificada que el proceso para extraer petróleo o bajar bananos. Solo cuando el Estado entienda el papel de los científicos sociales en el avance del país, o cuando los artistas orienten su estudio para aportarle a la cultura nacional, estaremos caminando hacia un verdadero sistema de excelencia académica para el país que queremos.
Hoy nos encontramos en la Universidad Externado de Colombia debatiendo alrededor de la Excelencia Académica, tercer eje del Programan Mínimo de los estudiantes en medio de la agenda trazada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil para la construcción amplia y participativa de un proyecto verdaderamente democrático, tanto en su forma de elaboración como en su contenido. De tal manera que, contamos con la presencia del Ministerio de Educación Nacional, la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, de profesores, estudiantes, trabajadores, rectores, sectores sociales, partidos políticos, madres y padres de familia, en fin todos aquellos interesados en participar en la definición de la educación y el país que queremos. No están todos los que son, faltan por llegar mas sectores: ONGs, los diferentes credos religiosos, gremios económicos, mas expresiones políticas, pero la MANE tiene la convicción de que la construcción de una propuesta alternativa se hace debatiendo con todos, como debe ser.
Nada de esto es casualidad. Sin la conformación de la MANE, sin el paro nacional universitario, sin las enormes y creativas movilizaciones de los últimos meses, esta realidad seria bien distinta, pues son los hechos citados los que permiten que hoy estemos debatiendo en medio de una inédita construcción programática el futuro de la educación superior en Colombia. Esta respuesta por parte de la comunidad universitaria, obedece a las nefastas consecuencias de una cadena de largos desaciertos que completa décadas y cuyo mas reciente episodio fue la intención de impulsar el animo de lucro y de agravar la desfiniaciación del sistema estatal de universidades con el proyecto 112 de educación superior impulsado por el presidente Santos como parte de las imposiciones del TLC y en buenahora derrotado por el movimiento estudiantil, encabezado por la MANE y respaldado por gran parte de la sociedad.
Este resurgir del movimiento estudiantil se enmarca en las variadas y cada vez mas frecuentes manifestaciones de descontento social, a lo largo y ancho del globo. Desempleados en el norte de Africa, desplazados palestinos, indignados españoles, colegiales franceses, obreros coreanos, inmigrantes norteamericanos, estudiantes chilenos, madres y padres, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos en todo el planeta intentando cambiar el rumbo de la fracasada ruta neoliberal. Los desastres de la apertura económica, que algunos dinosaurios del libre comercio se niegan a reconocer, ubican en la actualidad a Colombia en el podio de la desigualdad mundial, con cerca de la mitad de su pueblo en la pobreza y una de las tasas de desempleo mas altas del continente. El panorama no podría ser peor. Sin embargo, el gobierno ha optado por apagar el incendio con gasolina. Plena prueba de ello es la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos quiso instaurar con nuestro país, este junto al paquete de leyes necesarias para su implementación que incluye la indignante ley Lleras, la engañosa ley de tierras, y la adhesión a mas de una decena de tratados pensados para favorecer a las multinacionales en claro detrimento del avance nacional, constituyen la mas colosal de las equivocaciones, para algunos entre los que me incluyo, la peor decisión desde la independencia.
Como se evidencia, este no solo es un debate sobre la concepción de la excelencia académica en la educación superior; es también y sobretodo un debate acerca del modelo de país que queremos, ya que el modelo de desarrollo que un pueblo adopta para su nación, es la primera definición que se debe tener en cuenta para pensar en su sistema educativo y la excelencia del mismo. Lamentablemente para nosotros esa definición representa un problema de fondo, un problema estructural, el mas grave sin duda alguna de los problemas que aquejan al país; la perdida de la Soberanía Nacional. En Colombia quienes avalan la estrategia de saqueo que se cierne sobre nuestro país, lo hacen separando su suerte de la del resto de colombianos y principalmente porque les va bien mientras al resto del país le va mal.
Por la misma razón la política pública de Educación Superior tampoco la define el Ministerio de Educación Nacional, ya que no es realmente “nacional” sino que mas bien, como en las otras carteras del gobierno actúan mas como filiales del Banco mundial o el FMI, agenciando políticas pensadas para solucionar los problemas del capital financiero, pero que en nada tienen en cuenta la consideración de cómo la educación superior puede resolver los problemas nacionales. Con la implantación de la ley 30, hermana de las impopulares ley 100 de salud, ley 50 del trabajo y ley 142 de servicios públicos, se instauro la política mercantilista de la educación y desde entonces se le considera un servicio y razón por la cual no es excluida de los Tratados de libre Comercio, obligando a aplicar cláusulas absolutamente gravosas como las de trato nacional, Acceso a mercados, supresión de requisitos de desempeño y expropiación indirecta [1], todas orientadas a dotar de garantías las inversiones y utilidades de los grandes mercaderes de la educación, concepción que comparte la actual ministra del ramo, Maria Fernanda Campo quien afirmó en entrevista con Yamit Amat “En educación, todas las inversiones son a largo plazo. Como en cualquier negocio o inversión, el empresario tiene que partir de la base de elaborar estudios de factibilidad y retorno de su inversión. Es su decisión.”[2] Hay que recordarle a los agoreros de estas políticas que se necesita mas que la cédula colombiana para representar los intereses de la nación. Siendo consecuentes, si se concibe realmente la educación como un derecho, como un bien público de utilidad común, excluirla de los TLC debe ser una primera condición para construir un sistema verdaderamente democrático.
DOS MODELOS, DOS PAÍSES.
Resulta fundamental evidenciar las diferencias entre la concepción de educación como derecho, y la educación como servicio, como mercancía, pues de esto depende si lo que se evalúa es la calidad del producto o la excelencia académica en el objetivo. La discusión sobre la Excelencia Académica o la calidad es un punto neurálgico, estructural en la construcción de una propuesta alternativa, pues estamos hablando nada mas y nada menos de cual es el tipo de educación que necesita el país. Actualmente se orienta el sistema educativo a las demandas del mercado laboral, a la división internacional del trabajo en la que a Colombia le corresponde el lugar de despensa de recursos naturales, plataforma de explotación de mano de obra e importador de productos con alto valor agregado. Entonces, tenemos dos modelos, el que rige en la actualidad que concibe la educación como mercancía, que orienta la oferta de programas a la demanda de un sistema productivo mediocre, que evalúa la “calidad” es decir el cumplimiento de unos estándares de producción, llevando al sistema a tener programas de “calidad” pero de una profunda mediocridad, o el modelo de la excelencia académica que busca que el contenido de la educación sea el de más alto nivel para llevar lo más avanzado del conocimiento para la transmisión y creación del mismo, sobre la base de las condiciones del país y de si realmente la labor de enseñanza e investigación resuelve los problemas que se ha planteado como objeto de su estudio, en fin, si realmente le presta una utilidad social a la comunidad.
Salta a la vista la necesidad de formular un proyecto alternativo de educación superior que cuente con el presupuesto suficiente y la autonomía necesaria para desarrollar un verdadero sistema de ciencia, tecnología e innovación. Desafortunadamente la concepción que actualmente impera le niega al país la posibilidad de avanzar en su desarrollo nacional como lo demuestra el exiguo porcentaje del PIB para inversión en Investigación y Desarrollo, que solo alcanza el 0.16% ubicandonos como uno de los peores países del mundo para nuestro nivel de ingreso. Países como Brasil que destina el 1.08% o Sudáfrica el 0.93% tienen un ingreso per capita similar y sin embargo destinan 5 o 6 veces mas que Colombia de su PIB para investigación y desarrollo, según cifras del Banco Mundial.
De igual forma, firmamos TLC con países como Corea del Sur que tuvo mas de 22.000 publicaciones sobre ciencia y tecnología en 2010 o Estados Unidos, país con mas de 200.000 publicaciones por año, esto demuestra el grado de avance de estas economías, mientras Colombia apenas sobrepaso las 600 publicaciones muy por debajo de países como Mexico o Argentina cada uno con 4000 publicaciones por año.
Colombia 0.16% Suecia 3.62% Alemania 2.82 EEUU, 2.8% Brasil 1.08% Argentina 0.52%
Los gastos en investigación y desarrollo son gastos corrientes y de capital (público y privado) en trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar los conocimientos, incluso los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones. El área de investigación y desarrollo abarca la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental. (FUENTE BANCO MUNDIAL)
Otro tanto de esta errática política se puede ver en las estadísticas publicadas por la Organización mundial de la propiedad intelectual de patentes otorgadas a países.
El análisis de estas circunstancias nos obliga a plantearnos algunas preguntas.
¿Permite el sistema actual de la ley 30, la acreditación y el registro calificado, evaluar la relación entre la transmisión y creación de conocimiento y su aplicación eficaz en la resolución de problemas de la sociedad?
¿Han contribuido las facultades de ingeniería a solucionar los problemas de infraestructura azotados por los inviernos?
¿Permiten los pensum de las facultades de medicina del país que los estudiantes y docentes se piensen las causas y consecuencias de la crisis de la ley 100?
¿Verifica el sistema nacional de acreditación como las escuelas de arte le aportan a la cultura nacional y a su conservación?
Quien quiera hacer un juicio ajustado a la realidad, deberá responder que no. El sistema de aseguramiento de la calidad que existe actualmente en Colombia, no le sirve al país. Los procesos de acreditación tienen como propósito regular el “mercado” de la educación a través de los exámenes Saber-Pro, los cuales se asemejan al “sello de calidad” de las fabricas, atentan en materia grave contra la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la esencial facultad de las comunidades académicas de definir sus objetos de estudio. Ademas, existen las bolsas concursables de dinero, que obligan a la competencia entre pares evaluadores lo que descalifica el mismo proceso de acreditación.
LA ALTERANTIVA ES CAMBIAR EL RUMBO
Ante este panorama de crisis en el sistema de Educación Superior, la única alternativa viable es la de cambiar el rumbo equivocado de los últimos 30 años, e implementar un modelo basado en la concepción de la educación como un derecho y sobre esta base alcanzar una verdadera excelencia académica. Para llegar a ello, antes que verificar la calidad del producto, como lo hace la lógica actual, lo que se debe hacer es verificar que los centros de enseñanza, universidades o instituciones, cumplan con las mínimas condiciones materiales, es decir de infraestructura, equipamiento y planta docente, para poder impartir los cursos de formación, transmisión y creación de conocimiento que allí se prestan.
Uno de los requisitos necesarios e indispensables para una educación de avanzada es contar con una planta docente de excelencia, de manera que los profesores en primer lugar estén capacitados al máximo nivel posible y en segundo lugar, se encuentren vinculados de forma digna a su institución de manera que le permita dedicarse verdaderamente a la docencia e investigación. Hoy el promedio de profesores de planta en las universidades del país no supera el 30%, la mayoría de profesores es de cátedra u ocasional, lo que genera un sin numero de traumatismos que termina por imposibilitar que el proceso formativo concluya de buena manera. Un sistema que realmente quiera asegurar la excelencia académica en su esencia, debería garantizar la contratación docente de tiempo completo, por lo menos en un 70% en cada unidad académica.
Profesores de planta deben ser los abanderados de la investigación. Este es un aspecto estructural de la labor misional de la universidad y es el Estado, como sucede en los mejores sistemas de investigación del mundo, como el norteamericano, alemán o escandinavo, quien debe aportar mayoritariamente los recursos para la investigación respetando la facultad de las comunidades académicas de definir autónomamente las prioridades del gasto. La universidad debe estar al servicio de las necesidades de la sociedad, y de ella también hacen parte las empresas, por eso no debe cerrarse la opción de que las universidades investiguen de la mano con el sector privado para asuntos específicos por definición autónoma y no por buscar recursos, siempre resaltando que el aspecto principal debe ser la financiación estatal de la investigación con transferencia tecnológica hacia el país e impidiendo que los beneficios sean monopolizados.
Para obtener una excelencia académica real se debe invertir el énfasis de la política oficial de formar en competencias y no en conocimientos, pues esto ha llevado al absurdo de incluir programas de formación en niveles educativos cada vez mas bajos, en la categoría de Educación Superior, lo que revela la apuesta del gobierno de nivelar por lo bajo la ¨calidad¨ de la educación en el país. Es extraña la presencia de programas como “tecnología en artesanías” al interior de las universidades, por esa razón el sistema debe diferenciar suficientemente bien las Universidades de las Instituciones de Educación Superior técnica; pues mientras las primeras tienen una vocación profesional, con formación en conocimientos, fuerte componente de investigación y extensión, únicas en ofrecer doctorados y eminentemente científicas, las segundas, también llamadas universidades de ciencias aplicadas en el sistema alemán, están orientadas hacia la practica, también con formación científica pero adaptadas a exigencias concretas de las ramas profesionales.
El objetivo de un nuevo sistema debe ser fijar las condiciones mínimas que han de tener las universidades para poder ofrecer programas académicos de excelencia. En ese sentido, la acreditación debe centrase en verificar y evaluar las condiciones mínimas definidas por las comunidades académicas para ofrecer un programa y en donde el Estado debe limitarse a una labor de inspección y vigilancia de los criterios emanados de las comunidades académicas. Los demás instrumentos de evaluación que se ponen en práctica constriñen la autonomía académica. La evaluación de los contenidos académicos en un sistema de acreditación de este tipo está en manos de cada institución, pues no deben existir herramientas que orienten los contenidos académicos por parte del mercado o del Estado.
Estos elementos son basamento de una propuesta con una orientación contraria a las políticas que se han aplicado en en el país en los últimos años por parte de todos los gobiernos. La crisis del euro, los TLC, las gabelas de la confianza inversionista, son parte de las medidas agonizantes de la dictadura neoliberal cada vez mas derrotada en los hechos. Afortunadamente parte del mundo ha decidido implementar las propuestas que abogan por caminos alternativos empujadas por los pueblos cansados de las falsas promesas de la mano invisible y libre mercado.
Seguir aportando a la construcción de una propuesta democrática es el deber de quien liga su proyecto de vida con el del país, sin olvidar que la única forma de defender nuestra propuesta es la de seguir atiborrando las calles de hombres y mujeres comprometidos con continuar la tarea de construir una NUEVA EDUCACIÓN PARA UN PAÍS CON SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y PAZ.
Juan Sebastián López Mejía
Representante Estudiantil al Consejo Directivo de la Universidad Externado de Colombia
Miembro de la comisión de Voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil
@juanslopezm
[1] 1. Trato Nacional. Colombia otorgará a los proveedores de servicios educativos de Estados Unidos, un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus proveedores de servicios. Es decir, Colombia renuncia al derecho y el deber de fortalecer la educación nacional y en particular la pública a través de políticas que privilegien el desarrollo de la Educación Superior Nacional en contra de la foránea[1]. Algunos mecanismos mediante los cuales se materializa el trato nacional son la financiación indirecta a las Instituciones de Educación Superior IES con ánimo de lucro por vía de los créditos del Icetex, las exenciones tributarias y artículos como el 108 de la reforma de Santos, en donde se propone que el Gobierno financie Universidades Privadas directamente bajo criterios “objetivos de elegibilidad”.
2. Acceso a los mercados: Ninguna de las partes podrá adoptar o mantener medidas que limiten el numero de proveedores de servicios, el valor de los activos, o restricciones sobre tipos concretos de personería jurídica para prestar servicios entre otros. El desarrollo de esta clausula se expresa en la intención del Gobierno Colombiano en términos de no exigir que las Universidades adopten la forma jurídica de Fundaciones, abriendo la puerta a la entrada de la Universidad con ánimo de lucro y fortaleciendo además, el modelo de Universidades Corporativas de bajísima calidad como la Universidad Chevrolet para taxistas.
3. Supresión de Requisitos de desempeño: “Ninguna Parte podrá, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de una inversión de un inversionista de una Parte o de un país que no sea Parte en su territorio, imponer ni hacer cumplir cualquier requisito o hacer cumplir cualquier obligación”[2]. Este principio suprime cualquier condición que pueda establecer Colombia con el propósito de promover empleo, aportes fiscales, rendimientos a nivel nacional o el cumplimiento de estándares de calidad a las IES extranjeras… etc.
4. Expropiación Indirecta: “Ocurre cuando las decisiones oficiales afectan negativamente no la propiedad de las empresas sino sus ganancias, sus posibles utilidades y hasta su prestablecimiento, de manera que el Estado puede ser obligado a indemnizaciones por ello”[3]. Esta clausula prohíbe en la practica el control de precios en las matriculas universitarias, costos que serán cubiertos vía financiación a la demanda con una fuerte participación del Icetex, hecho que conducirá sin duda alguna a aumentos en los costos de las matriculas universitarias. Sergio Fernadez, Vocero de la MANE, http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2060:animo-de-lucro-adecuacion-al-tlc&catid=36:ensayos-acadcos&Itemid=81
[2] ESPECIAL PARA EL TIEMPO, Entrevista de Maria Fernanda Campo con Yamid Amat, 12 de Marzo de 2011
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/gobierno-busca-mejorar-la-educacion-superior-publica_9005060-4/
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