Oscar Ruiz,
Representante estudiantil ante el Consejo Superior U. Pedagógica Nacional
Miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes OCE


El caos y la zozobra que generan no le sirve sino a los que quieren la universidad cerrada,
a los que quieren debilitar la universidad pública, a quienes abogan por su desapa6rición”
Alejandro Álvarez Gallego
Representante de los profesores ante el CSU-UPN

La movilización masiva y la resistencia civil del pueblo colombiano han logrado por segunda vez en menos de un año resquebrajar a la arrodillada “Unidad Nacional” de Santos, desmantelar su carácter retardatario y continuista, así como frenar la andanada neoliberal materializada en una serie de reformas necesarias para la neocolonización.

Primero la mercantilizadora reforma a la Ley 30 de educación superior que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, con el apoyo del pueblo colombiano logró archivar. Posteriormente la indignación ciudadana consiguió echar atrás la reforma a la justicia, en medio del espectáculo grotesco del presidente, los ministros y su bancada por los medios de comunicación, con el “no sabía”, “no leí bien”, “los culpables fueron ellos”, etc., tratando de esquivar su responsabilidad, como es costumbre del primer mandatario, y echándoles el agua sucia a sus aliados. El perverso contenido de la reforma que promovía la impunidad, la privatización de la justicia y pisoteaba la autonomía de la rama judicial fue desenmascarado por organizaciones como el Observatorio Permanente de la Justicia, y el Polo Democrático Alternativo, que se opuso a su aprobación desde el inicio.
En el tema de la reforma a la educación superior la MANE sigue avanzando: se han desarrollado cuatro debates públicos con el Gobierno Nacional, se construyó la exposición de motivos de la Nueva Ley y nutrida de las construcciones locales en cada universidad del país, presentará a la sociedad colombiana una propuesta de ley que enarbole las bandera de la educación como derecho para un país con soberanía, democracia y paz.
Pero a pesar de estos triunfos, el desmonte de la universidad pública y particularmente de la UPN continúa. Está el endeudamiento de la universidad por los casi 11 mil millones de pesos para la construcción de Valmaría, que todavía no se sabe cómo serán pagados (¿aumento en matrículas?); en días pasados se anuncio la eliminación del “repele” en el restaurante de la sede 72, servicio que se convirtió en el “rebusque” del almuerzo para quienes no ganaron la rifa del subsidio; la cafetería aún no funciona; etc. Por otro lado diferentes representantes estudiantiles han sido convocados para el día 22 de agosto por la administración para discutir la reforma al reglamento estudiantil, que como lo denunciamos antes se enmarca en la propuesta de seguridad y convivencia contratada por la UPN y por la reciente agenda “Con-vivencias” del Consejo Superior. Ambos documentos lesivos para el ejercicio de la autonomía y las libertades democráticas para el conjunto de los estamentos universitarios.

Es en este marco de debate y construcción política que se presenta la actual campaña de señalamiento contra miembros del movimiento universitario y estudiantil con afirmaciones que forman parte del querer generar temor en nuestra Alma Máter para evitar cualquier tipo de protesta y movilización masiva ante la arremetida gubernamental, hemos demostrado que muchos y unidos podemos lograr avances sustantivos. Por ello es imperioso rechazar los comunicados y las acciones que van en vía de atentar contra la universidad como un centro de discusión académica, política y pedagógica, un espacio donde se confrontan las ideas y se construye sociedad. Atentar contra la universidad es atentar contra la esperanza de cambio.

Es necesario insistir en el llamado a la comunidad universitaria a seguir adelante en la construcción de la Nueva Ley de Educación Superior, a emplear métodos enmarcados en la lucha civil, democrática y de masas. Sólo la organización y la movilización masiva del conjunto de los estamentos universitarios permitirán que alcancemos el objetivo de defender una educación pública, democrática, científica y al servicio del interés nacional, por lo que rechazo cualquier acto que diste de esta forma de Resistencia.

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