Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 17 de agosto de 2012.Según los contratos 866 y 1727 de 1963 y 1971, el 30 de septiembre de 2012 debe ser un día de fiesta en Colombia. Porque desde esa fecha, y por 30 ó muchos años más, el país va a quedarse con otros 204 mil millones de pesos al año por el níquel del departamento de Córdoba, además de los impuestos y regalías que paga Cerro Matoso S.A., de propiedad de BHP Billiton. El cálculo de esos nuevos e importantes ingresos para el país, o incluso más, sale de que revierten a la Nación la mina y los equipos con los que la trasnacional se ganó esa suma en 2011.
Pero esa fecha también puede convertirse en día aciago para Colombia, si el presidente Santos, a través del ministro de Minas, insiste en someterse a Billiton –que también explota nuestro carbón en El Cerrejón–, la cual pretende que se apliquen, no los contratos citados, sino el 051 de 1996, cuya ilegalidad y carácter leonino son tan manifiestos que motivaron un duro control de advertencia de la Contraloría General de la República y el rechazo de no pocos analistas y el de todos los congresistas que opinamos al respecto en el debate en la Comisión Quinta del Senado (http://bit.ly/No5kWk).
Por el contrato 051, los bienes de Billiton en Cerro Matoso sí pasan al poder de la nación colombiana al finalizar septiembre, pero en ese mismo instante el gobierno tiene que arrendárselos a la trasnacional, que seguirá explotándolos hasta 2029 o 2044, porque la maniobra también prorrogó el 866 y el 1727, a pesar de prohibirlo el Código de Minas de esos días. Como si fuera poco, el 051 estableció que los activos que revertirán –1.4 billones de pesos– hay que alquilárselos a Billiton por el 1.25 por ciento ¡anual! de las utilidades de la empresa ¡luego de impuestos! (http://bit.ly/PszBnI), porcentaje que sobre 204 mil millones de pesos de utilidades equivale al ínfimo 0.18 por ciento del valor de los activos. En plata, por un arriendo de 2.500 millones de pesos al año, la Nación le entregaría a la trasnacional bienes que dan ganancias por 204 mil millones anuales. El negocito equivale a alquilar por 213 mil pesos mensuales un apartamento que cuesta 1.400 millones. Si esto no es una defraudación del patrimonio público, ¿qué es?
El 051 fue un acto doloso calculado para ocultar y justificar las prórrogas ilegales de los contratos 866 y 1727 y apropiarse por migajas de un gran negocio. Porque estos dos contratos responden por el 96 por ciento de las reservas de níquel y el 100 por ciento de la producción, mientras que el área del 051, tras 16 años, ni siquiera se explota, lo que muestra que su única función ha sido la de servirle a Cerro Matoso Billiton para modificar ilegalmente los contratos donde está el negocio de verdad. Que la trasnacional se justifique diciendo que esto es fruto de la privatización, porque Colombia era dueña del 48 por ciento de Cerro Matoso, solo confirma algo sabido: la historia de las privatizaciones es la de los timos contra el patrimonio nacional. BHP Billiton tuvo billones de razones para armar las cosas así. ¿Y los funcionarios colombianos que le ayudaron? Caben dos posibilidades: bobería o corrupción. Pero se sabe que los bobos no llegan a los altos niveles del Estado.
Es obvio que el interés de Colombia terminará mal si el gobierno no empieza por aplazar la decisión para después del 30 de septiembre, para actuar sin presiones, y por declarar la caducidad del 051, de manera que el control de este buen negocio pase de las manos de Cerro Matoso S.A. a las del Estado. Luego de estas decisiones, que se busque la opción más conveniente para explotar la mina y producir ferroníquel, que a mi juicio es hacerlo con una empresa de la Nación que se apropie del ciento por ciento de las utilidades que hoy enriquecen a Billiton, la minera más grande del mundo.
La dificultad para concretar esta propuesta reside en que el presidente Santos decidió dar como legal el 051 y, como si fuera gran cosa, suplicarle a Cerro Matoso S.A. que le pase al gobierno unos pesos más allá de lo que dice ese contrato ilegal y leonino, espejitos de origen colonial que no impiden la defraudación pero sí se usarán para absolver a una administración que carece del valor civil necesario para defender el interés nacional. Es por ello que tiene un ministro de Minas como Mauricio Cárdenas, quien, según siete medios nacionales y extranjeros, les dijo a trescientos ejecutivos de trasnacionales mineras que les había nombrado un viceministro cuyo “trabajo es mantenerles feliz, asegurarles que todos sus problemas sean resueltos” (http://bit.ly/PqtrEp). Y les está cumpliendo.
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