Juan Carlos Martínez Botero[1]
Asesor Jurídico Asociación de Profesores Universidad de Caldas

Un año ha pasado del nacimiento de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE,  y de las masivas, civilistas y democráticas movilizaciones contra la Ley Santos para educación superior que obligaron al gobierno a retirar el proyecto de Ley del Congreso de la República, y  a   anunciar “plenas garantías” para discutir una  ley alternativa que involucre a todos los sectores de la sociedad colombiana. No obstante las promesas del momento, hechas para tratar de apagar la llama de la rebeldía estudiantil que se percibía  en todo el país, y tras la realización de  juiciosas  reuniones  por parte de los estudiantes que han dado lugar a insumos importantes como la propuesta de exposición de motivos (ver http://manecolombia.blogspot.com/2012/07/propuesta-de-exposicion-de-motivos de_5687.html)   la respuesta del gobierno nacional ha sido una constante negativa a escuchar las propuestas de los estudiantes.
Durante la clausura de un  foro educativo convocado por el Ministerio de Educación Nacional el 10 de noviembre del 2011,  el presidente Juan Manuel Santos señaló su  propuesta de retirar la reforma a la educación y de manera coloquial expresó: “Espero que los estudiantes no le hagan conejo al país” (Ver video en http://www.canalrcnmsn.com/node/95156), un año después y volviéndose sus palabras contra él, el que le ha hecho conejo al país y a los estudiantes ha sido el gobierno nacional, tanto que de manera novedosa y retomando la senda de la movilización democrática  para el próximo 5 de septiembre el estudiantado colombiano prepara un “carnaval de comparsas contra el conejo de santos a la educación superior”.

En medio de un escenario de oídos sordos la situación de las universidades colombianas tiende a empeorarse y Santos y su ministra de educación le siguen incumpliendo a la universidad colombiana. Tanto es así que de cara a la discusión del presupuesto nacional para el año 2013 los rectores reunidos en el Sistema Universitario Estatal, SUE, y donde Santos y el establecimiento tienen no pocos amigos y panegíricos, le han dirigido una misiva  al Congreso de la República donde señalan hechos que dan cuenta de la difícil situación financiera. Mientras la matrícula: “ha crecido 255,87% (De 159.218 en 1993 a  566.611 estudiantes en la vigencia 2012)” el presupuesto solo ha crecido  88.88%, de  $208.999 millones en 1992 a  $394.759,2 millones[2] en el año 2012.   

Señala el SUE, que si se considerara que los  “costos de funcionamiento” fueran los “los mismos del año 1.992”, (…) se concluye que el Estado ha dejado de transferir a sus Universidades un 166.99% de recursos a la base. Lo que en pesos del año 2.012, equivale a $4.135.071 millones; es decir más de cuatro billones de pesos.”. No obstante la propuesta de la Ministra de Educación es que a la base presupuestal de las universidades para la  vigencia presupuestal 2013 vaya un 3% adicional, la misma propuesta que habían hecho para la vigencia 2012 y que también incumplieron, y que aun dándose resulta insuficiente,  tal como lo señalan los rectores que argumentan: “que se requiere al menos el 10% adicional al IPC que vayan a la base de los recursos que se transfieren a las Universidades Publicas.”

Un difícil camino para las universidades colombianas se advierte en la discusión del presupuesto para el 2013, toda vez que el 78% del presupuesto nacional está destinado a funcionamiento y servicio de la deuda (ver http://www.portafolio.co/economia/asi-quedaria-el-presupuesto-general-colombia-2013) y nuevas limitaciones constitucionales se han aprobado en materia de gasto social tal como se desprende el Acto Legislativo 03 de 2011, aprobado por las mayorías de la Unidad Nacional,  el cual desarrolló una reforma a los artículos 334, 339 y 346 de la Constitución Política, elevando a rango constitucional el criterio de la sostenibilidad fiscal, aprobado bajo el supuesto de mantener el equilibrio macroeconómico del Estado.

Los estudiantes colombianos conocen el camino que les ha dado resultados. Más allá  de la discusión en la que la fuerza de los argumentos es incontrovertible, en la necesidad de nuevos recursos y de un cambio profundo a la política de educación superior en Colombia, ante el continuo engaño e incumplimiento santista,  el país urge un nuevo proceso de movilización civilista y democrática y reclama los argumentos de la fuerza  universitaria, para  reivindicar  la necesidad de una universidad al servicio del desarrollo nacional, una universidad democrática que garantice el acceso de todos los sectores de la sociedad sin exclusión alguna y una universidad que imparta lo más elevado y se inserte en  las grandes ligas del conocimiento científico mundial. A ello contribuiremos los demócratas y patriotas de Colombia.



[1] El Autor es Abogado, Estudiante de  Maestría en Derecho Público, Presidente del  Polo Democrático Alternativo de  Manizales y se desempeñó como Representante de los Estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, durante los períodos 2007-2009/2009-2011.

0 comentarios:

Publicar un comentario