Amaury Núñez González.
Vocero Nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE
La adecuada financiación de la universidad pública colombiana es la columna vertebral de un nuevo y democrático sistema universitario. Sin embargo, esta consideración no ha sido tenida en cuenta, sobre todo, por los gobiernos de los últimos cuatro lustros. Así, gracias a la desfinanciación estructural de estas instituciones, el déficit acumulado supera los $11 billones en gastos recurrentes y de inversión que ha dejado de transferir el Estado colombiano durante los últimos 20 años.
Dicha crisis ha sido aunada con creces por el gobierno de Juan Manuel Santos. Primero, al proponer una reforma universitaria (a la Ley 30 de 1992) que terminaba de institucionalizar la desfinanciación de la universidad pública junto a la degradación de la calidad que esta trae consigo, agravándola con la entronización del ánimo de lucro para beneficiar a los negociantes de la educación, al capital financiero que busca por el mundo más y más nichos en donde invertir y especular. Segundo, al hacer caso omiso de la exigencia enfática de más presupuesto hecha por la comunidad educativa para solventar la crisis que atraviesa el sistema universitario, cuando adicionó $100.0000 millones para 2013 mientras que lo exigido era 9 veces superior. Y tercero, al continuar con la política de incentivar y subsidiar la demanda a través de créditos educativos, por encima de la oferta resultante de un potencial crecimiento de la inversión a estas instituciones.
Por eso resulta indignante y paradójico que en el trámite de la Reforma Tributaria que la Unidad Nacional de Santos trata de ferrocarrilear en el Congreso, se haya incluido una reducción de los recursos de las Cajas de Compensación Familiar en un 25%, pasando de transferirles un 4% ($4,2 billones) de los parafiscales a un 3% ($3,15 billones), lo que significaría una reducción de $1 billón a estas Cajas para destinarlo a la universidad pública. La pregunta es obvia ¿de cuándo acá les preocupa la financiación estatal a estas instituciones? O si les preocupa tanto ¿por qué en vez detrasladar recursos de una parte a otra, no se adicionó el billón exigido por estudiantes, profesores y trabajadores en la discusión del Presupuesto General de la Nación para el próximo año?
Ese traslado de recursos, que sería a costa de descontar presupuesto a estas Cajas, pondría en riesgo más de 50 mil empleos y la existencia misma del Sistema de Subsidio Familiar, servicios con los que cuentan más de 22 millones de personas en Colombia directa o indirectamente, como lo advirtió Asocajas, y es un costo altísimo e inaceptable, sobre todo porque ha sido demostrado que con la Reforma se impondrán mayores cargas a la clase media y descontarán más de $8 billones de impuestos a las grandes empresas.
La MANE ha definido en su propuesta “que los recursos que se destinen a la educación superior no deben ser producto de la creación de impuestos directos al consumo”, como sí lo hace esta Reforma, la cual profundiza la injusticia tributaria del país. Afirmar que con ella se resarcirían las destinaciones pendientes con la universidad se aleja de lo concebido por el movimiento estudiantil colombiano de manera democrática y amplia, ya que lo contemplado en el proyecto no procura contrarrestar los niveles de desigualdad en el país. Sea esta una razón más para oponerse a la ignominia del actual gobierno que se apresta a aprobar la Reforma Tributaria más inequitativa en la historia del país, con su maquinaria de la Unidad Nacional en el Congreso, salvo contadas y dignas excepciones.
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