Mateo Hoyos López
Representante estudiantil Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
@mathoyos
El insuficiente esquema de financiación de la educación superior pública colombiana, establecido en la ya veinteañera ley 30, y que se limito a definir que el gasto público en educación superior debía aumentar al menos el porcentaje de la inflación año a año, generó situaciones desastrosas y que hoy tienen en una crisis tremenda a las universidades públicas del país. Tanto así, que de cada 100 pesos de las universidades públicas, en 1993 el Estado aportaba 84, mientras que para el año 2008 tan solo aportaba 51 pesos. La desfinanciación evidente ha consolidado con el transcurrir de los años un cuantioso déficit en materia de formación profesoral, de infraestructura, de bienestar universitario, de personal tanto administrativo como profesoral, de uso de TIC’s, de equipos de todo tipo que refuerzan la labor formativa y académica, y de gastos administrativos de todo tipo, que, a 2011, alcanza un valor de 11 billones de pesos, 11 millones de millones.
A pesar de la desconcertante situación financiera de las instituciones, el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido insistente en afirmar, en todo espacio que puede, que el gasto público en educación superior, como porcentaje del PIB, se ha mantenido constante, en 1%, a lo largo de las dos décadas de la ley 30. La desfinanciación ha venido acompañada de un progresivo fortalecimiento de la política neoliberal de incentivo a la demanda, en la cual el papel preponderante lo juega el ICETEX. Esto se evidencia en la transformación del gasto público en educación superior, gasto que pasó de estar destinado en un 60% a las instituciones directamente en el año 2000, a un 40%, tendiente a disminuir cada vez más, en el 2011. El objetivo de la política de financiación de la educación superior de los gobiernos desde 1993, no ha sido otro que el de fortalecer, de distintas formas, yendo desde el Plan Nacional de Desarrollo de Santos hasta las reformas internas del ICETEX, la financiación vía demanda y por ende la bancarización de la gran mayoría de la población colombiana. Como quien dice, la financiación de la educación al servicio del capital financiero.
Bajo la ordenanza del Banco Mundial, como adalid de la política neoliberal en educación superior, el gasto público a la oferta educativa resulta ineficiente y, por ende, el móvil debe ser “democratizar el acceso” a la educación por medio del endeudamiento oneroso de las familias. Razón nos asiste al evaluar el cambio de naturaleza jurídica que sufrió la institución en el año 2005, en la que ésta paso de ser un establecimiento público del orden nacional, a una entidad financiera especial, desvinculándola así del presupuesto general de la nación y permitiendo que su dinámica financiera fuese mucho más avanzada. Así las cosas, mientras el presupuesto de las universidades públicas creció en un promedio de 4% durante los 20 años de la ley 30, el presupuesto del ICETEX pudo crecer en un 38% para el presente año. A cada paso que se desfinancia la universidad pública, se fortalece más y más el ICETEX.
Aparte de las ordenanzas, es el Banco Mundial el actual principal financiador del ICETEX. En 2008, esta entidad financiera multilateral prestó 500 millones de dólares al ICETEX, impuso por esta vía la política previamente mencionada y estableció unos condicionamientos sumamente adversos, que hoy explican en gran parte los problemas que sufren las familias colombianas endeudadas. De este préstamo se han venido cancelando intereses a una tasa de 9% efectivo anual, tasa supremamente alta si se observa que los mercados financieros como Wall Street pagan en promedio un 3% efectivo y, muchas veces, no hay retribución alguna o interés del 0%. Esta tasa tan alta de interés, que posibilita el carry trade y el negocio para el abundante capital financiero internacional, hace que el ICETEX deba ser excesivamente “eficiente”, es decir, usurero y leonino con sus “beneficiarios”. Es esto precisamente la causa del problema fundamental de las líneas de crédito de mediano plazo y de largo plazo: la capitalización de intereses. La capitalización de intereses es una figura del capital financiero, que permite que los intereses generados en la época de estudios del estudiante puedan ser luego sujeto de generación de intereses en la época de amortización, o época en la que el “beneficiario se ha graduado y ha obtenido un trabajo estable con excelente remuneración”. Esta figura es la que ha hecho que los préstamos terminen pagándose al doble o al triple del capital desembolsado. Es, además, la principal causa del alto porcentaje de cartera morosa del ICETEX, cartera que es cada vez más preocupante, incluso para las directivas de la institución, y que hoy ya tiene casos dramáticos en los que tan solo el capital adeudado casi se duplica, eso sin contar los intereses, como el del estudiante de los Andes denunciado en El Espectador (http://goo.gl/mZv7v).
Recientemente, hemos asistido al planteamiento de nuevas modificaciones a la política de incentivo a la demanda y del ICETEX. Por un lado, Santos aprobó una ley en la cual se estipuló el interés real cero para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Lo que no se contó al respecto es que, por esta vía, los ingresos corrientes de la nación se verán afectados, que será el Estado colombiano quien subsidie esta ley y, por ende, el que subsidie las onerosas condiciones impuestas por el Banco Mundial. Todo en favor del capital financiero. Por otro lado, la institución ha sacado adelante un plan de alivios que busca condonar distintos porcentajes, según sea el caso, de los intereses adeudados. Sin embargo, lo que no se menciona es que se busca también la firma de nuevos documentos en los que la deuda sea imprescriptible (no caduque) y que, en caso de persistir la mora del crédito, puedan enviarse los casos a data crédito para poder ejercer mayor presión sobre los “beneficiarios” y tomar medidas aun más fuertes sobre las economías familiares. En conclusión, con el fin de garantizar los intereses del capital financiero, se avecinan condiciones más duras contra las familias colombianas y un detrimento en presupuesto del Estado y por lo tanto en el gasto público social.
El papel de la MANE no se ciñe a la presentación de la ley alternativa. Al interior de ésta somos conscientes del grave atentado que supone el ICETEX al derecho a la educación superior y somos también conscientes que esto merece un cambio radical. Exigimos por tanto que se detengan los cobros jurídicos del ICETEX y que, a aquellos que aun deben parte del crédito, se condonen los intereses en mora y se cobre únicamente el capital que se debe. El ICETEX debe dejar de ser el nicho para el capital financiero y la banca multilateral, debe ser financiado únicamente por el Estado, ciñéndose a su papel secundario en la financiación de la educación superior y con mejores condicionamientos para las familias, sin volverse ni una pesadilla, ni una burbuja financiera peligrosa. Los estudiantes debemos seguir organizándonos y movilizándonos, fortaleciendo la MANE cada vez más, de modo que en las calles mostremos y dotemos de una fuerza inquebrantable la propuesta que requiere el país. Esto resulta fundamental en la idea de seguir avanzando en la consolidación de la educación superior como un derecho fundamental y, por supuesto, en la propuesta de una nueva educación para un país con soberanía, democracia y paz.
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